El cierre de fábricas, los despidos y las suspensiones de personal son, en el arranque de 2017 –que, según el Gobierno, traería el despegue de la economía- consecuencias críticas de la aplicación del modelo productivo de la administración que encabeza Mauricio Macri. La crisis, según pudo determinar Letra P a partir de un amplio relevamiento, no distingue sector ni provincia: bajaron las persianas empresas en Buenos Aires, Capital Federal, Chaco, San Luis, Neuquén, Santa Fé, Córdoba y Tierra del Fuego, con casos notorios y emblemáticos. Y en el sector comercial el “cierre hormiga” se da en todo el país.

Entre los últimos que se sucedieron, ya que se cuentan casi como el minuto a minuto de la TV, están el cierre de una planta industrial alimenticia en la pequeña localidad de Carlos Keen, partido de Luján, que dejó 67 despidos; el cierre de la imprenta AGR del Grupo Clarín, con 380 operarios cesanteados; el de la planta de Vicente de la ensambladora de las computadoras Banghó, que puso en juego el trabajo a 243 trabajadores; el conflicto en la textil GGM de Las Flores, que encontró una salida dramática con rebaja de salarios a la mitad, y el retraso en el pago de sueldos a 115 trabajadores de una planta de Canale en Llavallol, partido de Lomas de Zamora, que derivó en un paro y la intervención de autoridades locales y provinciales, que por ahora suman esfuerzos pero quedan impasibles ante el avance del deterioro del mercado laboral.

A este cuadro se suma el silencio de las grandes gremiales empresarias, como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la bonaerense UIPBA. Por ahora sólo desde el sector sindical se involucraron en los conflictos, aunque recién jueves, después de ocho meses esquivar la decisión, la CGT anunció un paro para la segunda quincena de marzo.

CASO POR CASO

La Compañía Americana de Alimentos, productora de la marca Nevares, cerró su planta ubicada en la localidad bonaerense de Carlos Keen, partido de Luján, y despidió a 67 trabajadores. Los empleados confirmaron a la prensa local que la firma dijo que la planta no abrirá sus puertas -al menos por ahora-, mientras señalaron que la firma pagó las indemnizaciones. Si bien la fábrica estaba paralizada desde noviembre pasado, los empleados debían volver esta semana a la actividad, pero la compañía decidió no reactivar la producción y prescindir de los trabajadores. La planta de producción, de 8.000 metros cuadrados, se dedicaba a producir rellenos para alfajores y galletitas, panificados y golosinas en gran escala para la marca Nevares. El conflicto había comenzado a fines de noviembre y, tras el reclamo de los 67 empleados, se había llegado a un acuerdo en la delegación local del Ministerio de Trabajo. En ese entendimiento, la empresa se comprometió a abonar el aguinaldo y las vacaciones a todos los trabajadores y a volver a contratarlos a fines de enero de 2017 para retomar la producción. No cumplió.

Desde hace una semana, trabajadores de la planta del grupo alimenticio Canale ubicada en Llavallol están de paro. La medida de fuerza se adoptó ante el atraso en el cumplimiento de los pagos de los sueldos correspondientes a los últimos tres meses, aguinaldo y cargas sociales. La empresa habría intentado vaciar la planta. El  Ministerio de Trabajo bonaerense no ha tomado medidas concretas.

Banghó: la empresa de electrónica que ensambla computadoras despidió a 243 trabajadores de su planta de Vicente López. Los operarios tomaron la fábrica y el Ministerio de Trabajo de Nación dictó la conciliación obligatoria por 15 días, que se cumplen la próxima semana. Otra fábrica de la misma empresa ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios está en “proceso de reordenamiento de su producción”, según explicó el propietario de Banghó, Carlos Suaya. La decisión de Macri de bajar el arancel a la importación de computadoras y tablets de 35% a 0% perjudicó a este sector industrial y la empresa –que tuvo contratos millonarios durante el kirchnerismo de la mano del plan Conectar Igualdad- dio vacaciones obligadas al personal, frenó la producción y despidió a operarios de su planta en Florida, partido de Vicente López. La medida que anunció el Gobierno aún no entró en vigencia.

La textil Pampero, perteneciente al Grupo Cardón, cerró la planta ubicada en el parque industrial de Fontana, en Chaco, y despidió a 50 trabajadores. La fábrica había abierto en octubre de 2013. La planta tenía a su cargo la confección y fabricación de prendas de ropa de trabajo y bombachas de campo. A fines de 2015, los operarios habían tomado la planta en reclamo por el atraso en los cobros. En ese momento, llevaban tres meses sin percibir sus haberes. La situación de atraso se repitió desde septiembre último, acumulando meses sin cobrar. La planta había tenido una inversión inicial de 12 millones de pesos, con 80 puestos de trabajo. “Inaugurar esta planta significa seguir apostando al crecimiento industrial del país”, había dicho en ese momento Gabo Nazar, dueño y fundador de Cardón, quien ahora decidió bajar la persiana y dejar a todos los empleados en la calle.

El Fortín: este establecimiento lácteo ubicado en el barrio Universidad de la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, tiene su planta tomada por un conflicto con sus trabajadores derivado del supuesto despido de un operario que lleva 24 años en la empresa “sin estar registrada su relación laboral”, según denuncian los trabajadores. La empresa se dedica a fabricar quesos y a la venta y distribución de lácteos. Tiene otra planta en Córdoba.

Textil Neuquén: la única fábrica de este rubro en la provincia patagónica cerró sus puertas tras mandar de vacaciones a sus empleadas (todas mujeres) y vaciar la planta durante ese período. Los dueños prometieron indemnizar. Argumentaron que la decisión responde a la baja en la actividad. Las trabajadoras denunciaron un lockout patronal y pidieron la intervención del Ministerio de Trabajo. La firma nació con apoyo del Estado y surgió en 2007. “La vaciaron, se llevaron todo. Nos dejaron en la calle”, fue el lamento desconsolado que lanzaron las 35 trabajadoras de la fábrica luego de ingresar forzosamente a las instalaciones y corroborar que en el transcurso de la noche se habían desmontado todas las maquinarias. Uno de los socios propietarios de la empresa, Hernán Huerta, rechazó las acusaciones y afirmó que “las trabajadoras ya estaban advertidas del cierre de la fábrica. Hay crisis, no hay trabajo como en el resto del país”. Y aseguró que “se pagarán todas las indemnizaciones correspondientes”. Era la única empresa del rubro en la Patagonia norte. Tenía cien trabajadoras y luego redujo el número a 35. Producía cuatro mil camisas por mes y unos 1.500 pantalones. También hacían uniformes.

Nortextil se dedicaba a la confección de pañuelos. Ubicada en el área industrial El Pantanillo, ruta 38, de la provincia de Catamarca, tenía una sucursal en la Ciudad de Buenos Aires, despidió a cinco operarios en una confusa situación y se desentiende de pagar indemnizaciones.

Chateaubriand, una fábrica de quesos ubicada en Carmen, provincia de Santa Fe, despidió a los 17 operarios que tenía. Los trabajadores mantienen tomada la planta ya que no recibieron aviso de despido ni pago de la indemnización. Funcionaba desde 1997 haciendo leche fluida y en 2001 se volcó a la producción de quesos. Es propiedad del empresario Aldo Muscolini.  El conflicto comenzó a fines de 2016 y se había firmado un acta en la delegación Rosario del Ministerio de Trabajo para mantener a los trabajadores y la fuente de trabajo durante al menos 60 días.

La Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos de Córdoba (ATTAC) denunció “seis mil despidos” en call centers y flexibilización laboral. En ese sentido, argumentó que las compañías “importan” servicios de otros países latinoamericanos “con salarios más bajos que en Argentina”.

Alpargatas: 550 despidos tras el cierre de las plantas de Villa Mercedes (San Luis) y Florencio Varela (provincia de Buenos Aires). La apertura de importaciones se repite como argumento para decretar el cierre. La empresa se dedica a la fabricación de calzado y productos textiles. La sede de Villa Mercedes llevaba 34 años trabajando; la de Varela, más de 50. Voceros del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines aseguraron que el sector ya vivió esta situación “en los 90 con la flexibilización laboral y no terminó generando más empleo”.

También la empresa Taxlona San Luis, ubicada en la localidad de Justo Daract, a 120 kilómetros de la ciudad de San Luis, una industria mediana que proveía su telas y lonas a diferentes firmas, entre ellas Alpargatas, decidió suspender al 50 por ciento de su personal ante la "falta de pedido de producción anual, que debería realizarse en estos meses", argumentaron desde el gremio textil.

BGH: la fábrica ubicada en Río Grande, Tierra del Fuego, cerró sus puertas y dejó sin empleo a sus 162 trabajadores. Como Banghó, la empresa está dedicada al ensamblaje de computadoras tanto para consumo masivo (bajo la marca Positivo-BGH), como para el Plan Conectar Igualdad. El cierre se justificó por la quita de aranceles a la importación. La medida aún no está en vigencia. La planta trabajó bajo un régimen de beneficios fiscales extraordinarios otorgados a la industria de esa provincia.

Georgalos: la famosa alimenticia dejó en la calle a 50 empleados de su planta del Parque Industrial de Villa Mercedes. No les pagó las indemnizaciones. Aquí, el argumento patronal fue la “reestructuración de la empresa”.

Puma, la emblemática marca de ropa y calzado deportivos, despidió a 220 trabajadores de su planta de la pequeña localidad de Corcarán, San Luis. La firma local, denominada Herzo, tenía 30 años de trayectoria y un tiempo similar de relación con la marca Puma. Las razones aludidas: el desplome del mercado interno y la apertura de importaciones que afectaron al sector.

SanCor: la histórica firma láctea mantiene en riesgo el trabajo de cuatro mil operarios por la caída de su actividad y los malos resultados económicos de 2016. La empresa sufrió en 2016 pérdidas por $2.400 millones, contra un saldo negativo de $400 millones del año anterior. Durante el kirchnerismo recibió incontables ayudas, entre ellas, un contrato con el gobierno de Venezuela que databa de la época de Hugo Chávez que centraba la operatoria en exportaciones de leche en polvo. Fuentes que participaron del convenio revelaron a Letra P que el gobierno chavista no cumplió con los pagos. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) expresó su preocupación respecto al futuro de la cooperativa.