Abogados de Córdoba piden libertad de letrados detenidos sin condena firme

Abogados de Córdoba piden libertad de letrados detenidos sin condena firme
El Colegio profesional radicó el pedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación .
El colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba compareció ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas en las que se encuentran detenidos abogados con expedientes tramitados ante el fuero penal de la Provincia de Córdoba, para solicitar el cese de la prisión preventiva y que se ordene la libertad inmediata de los letrados, teniendo presente que los mismos no cuentan con condena judicial firme en su contra.

El recurso se realizó en carácter de “amicus curiae” (amigo del Tribunal) con la firma del presidente del Colegio, Alejandro Tejerina (foto), y Félix López Amaya, director de la Sala de Derecho Procesal Constitucional de la entidad.

Tejerina y López Amaya señalaron que existe una clara distinción en el tratamiento jurídico del instituto de la prisión preventiva en el orden provincial con relación a la aplicación que realizan los tribunales nacionales y federales. Esto se basa en la trascendencia que ha tenido esta situación, no sólo en los foros profesionales, sino en toda la ciudadanía y en las investigaciones que han realizado en Córdoba universidades y ONGs, que han determinado que más del 50 por ciento de los detenidos en las cárceles cordobesas no tienen sentencia firme.

Los letrados a los cuales se beneficiaría en este caso son Ariel Merlín, Guillermo Luis Lucas y Gabriel Eduardo Loyo Fraire.

En una parte del escrito, los firmantes señalaron: “Es saludable que el sistema judicial trate de evitar la impunidad y castigue nocivas prácticas administrastivas o profesionales, tales como la industria de juicios montadas sobre las aseguradoras de riesgo de trabajo o las falsificaciones vía del registro de propiedad. Pero ese encomiable afán no debe bastardearse negando al acusado el mas caro de los derechos del hombre: la libertad. Es posible, que con lo rigores de la prisión preventiva, jueces y fiscales cosechen el aplauso de una sociedad hastiada de impunidad, pero lo obtienen al precio de parecerse demasiado al inquisidor, que combatía la herejía empezando por encarcerlar al presunto hereje”.

Y citan también a Concepción Arenal, para expresar que ““imponer a un hombre una grave pena, como es la privación de la libertad, una mancha en su honra, como es de haber estado en la cárcel, y esto sin haberle probado que es culpable, y con la probabilidad de que sea inocente, es cosa que dista mucho de la justicia… Y entonces, la prisión preventiva es un verdadero atentado contra el derecho y una imposición de la fuerza”.

En definitiva, los letrados consideran que en el caso de los abogados detenidos sin sentencia firme, se encuentran afectados los derechos de la defensa en juicio y el principio de inocencia reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales sobre DD. HH., especialmente el Pacto de San José de Costa Rica.

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