La tensión que había entre gremios y el Gobierno por la liberación de fondos a las obras sociales se había saldado -en parte- en la previa al paro del 25 de junio. El decreto firmado por Mauricio Macri tuvo por objetivo intentar frenar esa medida de fuerza, comprometiéndose a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a un proceso de liberación de 4.500 millones de pesos de manera no automática y bajo su discreción; a la vez que se fijaba un aumento de $200 por jubilado a las obras sociales. Y finalmente se ajustaron partidas para saldar una deuda que llevaba cinco meses impagos por expedientes de alta complejidad.

La tregua por la salud duró menos de un mes ya que el decreto se publicó el 15 de junio y ahora se avizora un nuevo foco de posible tensión: de aprobarse la ley por el aborto seguro, legal y gratuito, ¿con qué fondos las obras sociales sindicales van a solventar el costo de esa prestación?

El ministro de salud Adolfo Rubinstein. Desde esa cartera aseguran que los costos de los abortos son bajos. Pero están haciendo un estudio para determinarlos con exactitud.

La primera alarma se encendió este miércoles, cuando desde la CGT hicieron trascender que pedirían una reunión con el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, para plantearle que muchos gremios no están en condiciones económicas para financiar -en caso de que se apruebe- la interrupción voluntaria del embarazo en sus obras sociales. Ocurre que si el proyecto es aprobado en el Senado, el aborto formará parte del Programa Médico Obligatorio (PMO) y las obras sociales no podrán negar su práctica.

Desde el Ministerio de Salud indicaron que todavía no hay ningún pedido de audiencia de la CGT con el ministro Rubinstein. De todas maneras señalaron a Clarín que los costos son bajos y que están trabajando para contar en dos semanas con un estudio y determinarlos con exactitud. 

Este jueves la CGT salió a aclarar su posición, públicamente, por tratarse de un tema “tan sensible para la sociedad que excede a la representación colectiva de los trabajadores” y cuyo debate tiene como escenario el Senado de la Nación.

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“Esta Central hasta el momento y tampoco en el futuro manifestará una posición institucional sobre el tema por el debido respeto que merecen las convicciones personales” y creencias, aseveró en un comunicado, donde aseguró que la central obrera acompañará la decisión que derive de la votación en el ámbito del Congreso Nacional.

En cuanto al financiamiento, la CGT -cuyo consejo directivo se reunirá el próximo jueves 12 de Julio- se refirió al “impacto que la inflación descontrolada imprime sobre las economías de las obras sociales”, afectando la compra de insumos, la contratación y pago a prestadores. Además, recordó que viene gestionando y alertando al Poder Ejecutivo y a los Ministerios de Trabajo y de Salud sobre la difícil situación que atraviesan con los altísimos costos que generan algunos fallos judiciales que obligan a las instituciones a cumplir con procedimientos experimentales, lo cuales motivaron la necesidad de creación de la AGNET (Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud).

Un dirigente sindical que teje en el terreno de la salud advirtió a este diario que “cualquier práctica que se sume al plan de salud, sea cual sea, debe tener garantizado su financiamiento ya que las demandas de prácticas son infinitas pero los recursos limitados". "Está claro que los hospitales públicos serán cubiertos por el Estado, y lo mismo deberá ocurrir con nuestras obras sociales", indicó el dirigente gremial.

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Clarín dio cuenta de la presentación del último informe de la Comisión Guttmacher-Lancet sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Allí se dijo que "una inversión de 9 dólares por persona por año en las regiones en desarrollo alcanzaría para que esa persona tuviera acceso a anticoncepción moderna, aborto seguro y atención materna y del recién nacido". Especialistas en salud consideran que el costo de internar a una mujer por una complicación a raíz de un aborto clandestino es mucho mayor que un aborto químico.