La Oficina Anticorrupción (OA) denunció por presunto enriquecimiento ilícito a Luis Omar Giménez, líder desde hace 16 años del Sindicato de Trabajadores de Prensa (Sitrapren), uno de los tres gremios que agrupan a los empleados de la agencia estatal Télam .

La denuncia del organismo que encabeza Laura Alonso fue sorteada el viernes pasado y quedó a cargo de Sebastián Ramos, del Juzgado Federal N° 2. En su informe, la OA detalló desde presuntos pedidos de coimas a dueños de medios de comunicación para cumplimentar el pago de la pauta publicitaria oficial hasta irregularidades en el cobro de la cuota sindical. Desde 2002 hasta 2014, Giménez percibió de Télam el aporte sindical de sus afiliados mediante cheques que él cobraba en persona o mediante gente de su confianza. Ernesto Eduardo Olagüe, exsecretario adjunto del Sitrapren y empleado del área de Logística de Télam, declaró que entre 2003 y 2014 los aportes de los afiliados eran abonados por la empresa con cheques dirigidos al gremio y que se cobraba por caja.

Además, la OA detalló informes de la Dirección Nacional de Migraciones que registran que entre 2007 y 2017 Giménez registró treinta salidas del país a destinos como Panamá, Francia, Italia, Gran Bretaña, Venezuela, Ecuador, España, Brasil, Estados Unidos y Paraguay.

Suspendido hace más de un mes para ejercer su función gremial a partir de un fallo de la Justicia Laboral, que lo considera "un peligro para la seguridad de las personas y bienes de Télam", Giménez se dedica casi a tiempo completo a su defensa. Recurrió a los abogados Hugo Moyano (h.), para los asuntos laborales, y a José Vera, para las causas penales.

Las acusaciones que más complican a Giménez son las que recopiló el directorio de Télam a través del testimonio de exdirigentes del Sitrapren y empleados de la agencia. Se apilan en cinco expedientes detalles de sobreprecios en la facturación del servicio de seguridad, lo que le habría permitido obtener 130.000 pesos mensuales de manera irregular durante por lo menos un año; pedidos de sobornos para agilizar el pago a proveedores, y hasta un empleado jerárquico que reconoció ante la Justicia haber oficiado de testaferro.