El 8 de abril, a través de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, se destinaron $13.000 millones para las obras sociales. Era parte de un acuerdo del Gobierno con el sindicalismo que parece haberse roto.

Desde los gremios aducen que no se cumplió la palabra empeñada y señalan a la jefatura de Gabinete y al Ministerio de Producción como responsables por bloquear los fondos y por introducir cambios auspiciados por el mundo empresario, en el proyecto de blanqueo laboral acordado, señala Perfil.

En el oficialismo, en cambio, indican que la cúpula de la CGT se ausentó del Senado para el tratamiento y no cumplió su parte del acuerdo.

El tema será uno de los puntos centrales de la reunión de mesa chica de la CGT que será hoy a las 16 en un gremio de la conducción.

Diversas voces autorizadas coincidieron en señalar al periódico que si no se liberan los fondos se abre una brecha para que la central peronista anuncie o amenace con realizar un paro. Algo que los aleja de una eventual participación en la iniciativa de un gran acuerdo nacional y los vuelve a poner en la vía de confrontación que marcó la marcha del último 4 de abril.

Para que los fondos lleguen a las obras sociales sindicales, hace falta una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud que conduce Sebastián Neuspiller.

Quien concentra la gestión de la relación con el mundo sindical es el titular de Producción, Dante Sica, pero también en esta área tiene una fuerte injerencia la Jefatura de Gabinete. El acuerdo alcanzado preveía una serie de pasos, el primero de ellos era la publicación del decreto que restituye $13 mil millones al fondo especial que financia los tratamientos médicos más costosos. Es parte de un problema que se arrastra de la era kirchnerista porque se retuvieron fondos recaudados en el pago de aportes.

Como parte del acuerdo, se debía avanzar también en la creación legislativa de una Agencia Nacional de Tecnologías de la Salud, una medida muy requerida por lo gremios porque creen que permitirá reducir el impacto de los juicios contra obras sociales. A cambio, el sindicalismo debía apoyar el trámite legislativo del blanqueo laboral.