La acusación contra Ríos ahora apunta a Carniello

La acusación contra Ríos ahora apunta a Carniello

El tribunal se tomó una semana para analizar los expedientes de las causas contra Vila que originaron la denuncia contra la fiscal.

La decisión de aceptar la denuncia o rechazarla se estiró por una semana más. El Jury de Enjuiciamiento pasó a cuarto intermedio para confirmar las medidas de prueba que tomó la denunciada fiscal Claudia Ríos antes de mandar dos causas que rozaban a la familia Vila a archivo y si fue ella quien efectivamente decidió mandarlas a archivo.

La denuncia presentada contra la fiscal de Delitos Complejos asegura que fue ella la que archivó las actuaciones. Pero ayer empezó a circular una versión de que no había sido Ríos la responsable.

La Justicia debía dilucidar por qué Daniel Vila y Dalvian SA lograron cobrar cinco veces más que sus vecinos en la expropiación de tierras para crear la reserva Divisadero Largo y por qué una deuda de 6 millones de dólares que debía pagar la constructora por créditos tomados en los desaparecidos bancos estatales mendocinos terminó siendo de 1,5 millón de pesos.

La nueva versión contradice a la denuncia. Lo que se dice es que quien habría archivado la causa por los terrenos de Divisadero Largo fue otro fiscal de Delitos Complejos: Daniel Carniello. Por eso es que los miembros del Jury decidieron tomarse una semana más y ver ambos expedientes en cuestión, el 87237/12 (Divisadero Largo) y 77.348/09 (créditos de los bancos oficiales).

Pasadas las 9.30, los integrantes del tribunal iniciaron las deliberaciones. Estaban los siete miembros de la Suprema Corte (Pedro Llorente, Jorge Nanclares, Herman Salvini, Alejandro Pérez Hualde, Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez). Estaban los diputados radicales Carlos Balsells Miró, Jorge Albarracín, Beatriz Varela y Jorge López, y los peronistas Carina Segovia, José Muñoz y Lucas Ilardo. Los senadores eran los radicales Juan Carlos Jaliff, Miguel Bondino, Jorge Palero y Marcelo Rubio, y los peronistas Patricia Fadel, Angel Brancato y María José Ubaldini.

La deliberación fue larga. En un primer momento el supremo Julio Gómez explicó que tiene una vinculación con la causa de los créditos, de cuando era relator del Tribunal de Cuentas, por lo que dejaba a consideración del Jury su participación en las deliberaciones. Efectivamente, en la denuncia misma se incluye un informe de ese organismo en el que se cuestiona el recálculo de la deuda que finalmente licuó la deuda de Dalvian con los extintos bancos provinciales.

Según cuentan no parece haber un criterio único entre los legisladores, pero si pegó fuerte la idea de que Ríos no habría sido la que archivó las actuaciones, por lo que hubo un criterio unánime en el tribunal: ir a las fuentes, es decir los expedientes archivados.

En la denuncia presentada por el abogado Alberto Ortubia se indica que efectivamente la causa de los terrenos de Divisadero Largo había caído en la fiscalía de Carniello. Según la denuncia, este último sabía que Ríos investigaba otra causa vinculada al grupo Vila-Manzano. “Estimó el Dr. Daniel Carniello que, si se iniciaba un nuevo proceso podía producirse una violación constitucional, porque se estaría juzgando a la misma persona dos veces por el mismo hecho. Razón  por la que remitió la actuación a la fiscal Claudia Ríos”.

Carniello también está bajo la lupa del Jury de Enjuiciamiento. Se lo acusa de proteger a dos estafadores hoy detenidos por la Justicia, Enzo Stuto y su hijo Renzo, que oficiaban como sus informantes.

La historia es compleja y enredada. Se argumenta que son dos causas distintas, cosa que es cierto, al punto de que una data de 2009 y la otra es de 2012; la primera es la de los créditos y es una compulsa penal pedida por la jueza civil Fabiana Martinelli; la segunda fue ordenada por la sala civil de la Suprema Corte en 2012, cuando los supremos se dieron cuenta de que Vila y Dalvian SA habían cobrado entre 13 y 17 pesos por metro cuadrado de tierra en el pedemonte, cuando correspondían  2,76 pesos por metro.

Pero también es cierto que son dos hechos que están unidos por un protagonista, el ex fiscal de Estado Joaquín de Rosas; ambas historias se cruzan cuando De Rosas propició una compensación de deudas entre lo que debía Dalvian y lo que debía la Provincia por la expropiación. Ese cruce de historias terminó con la destitución de De Rosas que decidió también el Jury.

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