Administrar la escasez,lejos de lo Ideal, entre demandas y lo posible

Gestos de grandeza, madurez y plena responsabilidad, prevalecieron en las negociaciones salariales que llevaron adelante el Gobierno de la Provincia y el Frente de Gremios Estatales, que accedieron a un entendimiento que echa luz y, sobre todo, previsibilidad y sustentabilidad a la pauta salarial 2012.
Rescatar estos valores, rectores de toda negociación racional, no es para menos, puesto que las medidas de fuerza no contribuyen a un escenario positivo de diálogo, comprensión y colaboración. Atento a este potente antecedente, es de esperar que las partes nuevamente hagan gala de su voluntad de diálogo y vocación para superar diferencias cuando retomen las conversaciones por otro tema que es de particular interés para la planta de personal del Estado: la recategorización, cuya factibilidad es puesta bajo exigente evaluación, en un proceso que deberá ceñirse al estatuto del empleado público y definir una alternativa al esquema de escalafonamiento. Pero esta será otra historia y seguramente será merecedora de amplios espacios de análisis. Por lo pronto se logró encausar un piso salarial a 2.600 pesos y otorgar un 9% de incremento con los haberes de junio. La propuesta acercada por los representantes del Ejecutivo y aceptada por la conducción gremial y sus bases, también prevé que con los haberes de agosto se abone el 2% restante para alcanzar, de esta manera, el 21% de la pauta salarial acordada a nivel nacional. Asimismo con los haberes de agosto se procederá a la conversión del 9% otorgado en el mes de junio a remunerativo y bonificable.

Las expectativas iniciales de los nucleamientos gremiales eran propensas a alcanzar más alto vuelo, sin embargo la realidad fiscal y financiera del país y, muy especialmente, de Jujuy condicionó la cota, marcó el techo a las pretensiones y terminaron definiendo el rumbo hacia lo posible, resumido en la oferta antes descripta. Así el Ejecutivo, que tuvo en los ministros de Hacienda, Ricardo Pierazzoli y de Gobierno, Oscar Insausti;y en el secretario de Egresos Públicos, Miguel Angel Lasquera; sus primeras espadas, esgrimió contundentes argumentos que les permitió pilotar la situación entre la demanda y lo posible, en el difícil ejercicio de administrar la escasez.

Desde ya, el acuerdo representa multiplicar esfuerzos para la consecución de los recursos necesarios para hacer frente a este nuevo compromiso y, obviamente condicionado por la imposibilidad de recurrir a una línea de financiamiento que no sea la Nación, redoblar gestiones en despachos del Ministerio de Economía, cuando no ante el escritorio de la presidenta Cristina Fernández. Surgen entonces las dos caras de toda nueva obligación: Por un lado, la tranquilidad derivada del acuerdo sesudo por la pauta salarial y, por otra parte, la preocupación lógica por cubrir más gasto.

No es para menos, ya que la involución de los recursos coparticipables de orden nacional, refleja con fidelidad lo que está ocurriendo en la economía general, encuadrada en un proceso de desaceleración con tendencia a profundizarse. Detrás de este comportamiento global, que muestra ingresos con reducido ritmo de expansión, subyacen las dificultades que originan las demandas internas y que el conjunto de las provincias están comenzando a padecer, algunas en mayor medida y otras en niveles aún tolerables.

Las provincias son directas damnificadas por el pobre desempeño de los tributos coparticipables. Mientras las retenciones al comercio exterior (no coparticipables) sostienen un desarrollo global de la recaudación, creciendo al 42% en el período enero-abril en la comparación interanual; e IVA, ganancias y el impuesto al cheque lo hicieron apenas a la mitad. Sobre llovido mojado, pues se espera que el consumo local se sume a la desaceleración. Con ello el IVA también se desaceleraría.

Informes privados, reflejan el anclaje que experimentaron en mayo los envíos de coparticipación a las provincias. El cuadro también expone señales de agudización de las dificultades que se están instalando en el campo de las finanzas nacionales y, naturalmente, en las proyecciones provinciales. El hecho es que la administración central está afrontando serias dificultades para hacer que los recursos se vuelquen a las provincias según lo presupuestado.

En los últimos tiempos, entre diez y quince gobernaciones, obligadas por las circunstancias, debieron optar por el camino de la postergación de pagos a proveedores y a contratistas de obra pública. Simultáneamente, multiplican esfuerzos para afrontar en tiempo y forma el pago de salarios y otros compromisos de esta naturaleza, tal el caso del aguinaldo.

Quienes tienen entre manos la responsabilidad de administrar los recursos públicos, como así también los dirigentes gremiales, hicieron una acertada lectura de situación, entendiendo que es prioritario privilegiar la previsibilidad financiera y las posibilidades de pago. De allí también el preciado proceder de las autoridades y funcionarios jujeños que se sentaron a la mesa del diálogo salarial. El manto de oscuridad que cubre las finanzas nacionales, justifica ampliamente adopción de medidas preventivas de acción y efecto inmediato en Jujuy, a los fines de preservar las proyecciones presupuestarias y el frágil equilibrio de los números públicos. Y esto no representa que se haya errado el rumbo, al contrario, es otra muestra de que la provincia (con su estructura funcional, financiera y fiscal) está en mejores condiciones que tiempo atrás para afrontar con solvencia las extremas exigencias de la crisis actual.

Los períodos económicos globales mandan y sus variaciones porfiadas golpean sin piedad las previsiones, cotizando más que nunca los principios de previsibilidad, sustentabilidad, responsabilidad y austeridad, impuestos en nuestra provincia, como herramientas excluyentes para superar el laberíntico escenario nacional.

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