Ayer al mediodía, el gremio docente finalizo la ocupación del ministerio de Economía ante una promesa de cobro de sueldos y aguinaldos para el martes o miércoles  y jueves o viernes respectivamente.

El sábado  referentes del sindicato y de la CTA firmaron un acta acuerdo  con el Gobierno provincial en el que permitieron el ingreso de los empleados  la cartera para que puedan realizar la liquidación de  sueldos y SAC.

La decisión provino del Congreso Provincial efectuado el sábado en San Julián. De allí el gremio emanó un comunicado en el que informaron sobre el paro para toda la semana  y en donde rechazaron el proyecto de Emergencia Educativa  del Ejecutivo el que “pretende que los legisladores kirchneristas resuelvan, a pesar de su incompetencia y desconocimiento supino de las política educativas, un tema tan delicado que ha sido ideado, instruido y orquestado unilateralmente por la gobernadora y un equipo de funcionarios que adolecen del criterio y la honestidad intelectual para generar proyectos de leyes de éste y otro tipo, agravado en estas circunstancias, porque dicha ley pretende ser una herramienta de coacción y persecución docente, con claras reminiscencias de épocas que creíamos desterradas del país y de esta provincia en particular”.

El gremio convocó además “a toda la comunidad” a una movilización para miércoles 10 y jueves 11 “para rechazar este nefasto proyecto de ley que pretende precarizar aún más la educación pública”. Indicaron que la marcha noes  “en defensa de los maestros”, sino “en defensa de la educación pública del derecho de los trabajadores a tener salarios justos, de los niños a tener 180 días de clases, de que no haya escuelas cerradas por falta de gas o agua, que el Gobierno cumpla con la obligación que le compete, en las tareas del mantenimiento edilicio y de la infraestructura; para que cada padre tenga la tranquilidad de que, cuando deja a su hijo en la escuela, lo deja en un lugar limpio seguro y donde será atendido con amor y respeto”.

Además cuestionaron que el Gobierno busque reemplazar y sustituir a los docentes-de acuerdo a lo establecido en la Ley de Emergencia-   “sin tener en cuenta las más elementales reglas que rigen la profesión docente y las competencias que debe poseer una persona, para esta magna tarea de enseñar, produciendo con este accionar anárquico y prepotente, una suerte de “dumping de la Educación”, una figura absolutamente repudiable, porque atenta, fundamentalmente contra la calidad de la enseñanza y el derecho de aprender de los niños, que debieran ser la regla y no la excepción, como parece serlo para la señora Gobernadora”.