El gremio docente rechazó primero el integrar un pacto social educativo propuesto por el Gobierno para establecer objetivos a futuro. Luego también declinó y no sin críticas, el integrar el flamante Consejo provincial de Educación, Trabajo y Producción, y ayer, a través de un comunicado de prensa, además de ratificar el rechazo al COPETyP también criticaron el “Operativo Aprender” que fue lanzado por el Ministerio de Educación de la Nación para poder establecer el nivel real del aprendizaje educativo en todo el país.

El gremio docente primero señaló como “llamativo” que el Gobierno de Santa Cruz no haya hecho ningún tipo de crítica o cuestionamiento a este operativo y por el contrario, lo ha “legitimado con la resolución 1859/CPE/2016”, considerando que eso convalida “la ausencia cómplice del federalismo, al convertirse en aplicadores profesionales del corte y pegue en materia educativa, y por el otro, la farsa de una existencia de concepciones político-pedagógicas enfrentadas entre el macrismo y el kirchnerismo” indica el sindicato docente en su comunicado.

Plantean que para la realización de estos exámenes “estandarizados” no han participado las organizaciones gremiales, ni nacionales, ni provinciales y planteó como “paradójico” que mientras por el paro docente de este año el CPE haya decidido eliminar horas institucionales, actos y todo aquello que apunte a suspender tiempo en las aulas, “obedientemente, no duda en suspender las actividades durante la jornada evaluativa”.

Para la ADOSAC, la evaluación uniformada desecha “la idea de que en realidad no todos los alumnos aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo, o que las realidades provinciales también son dispares, como, por ejemplo, la realidad santacruceña, que lleva décadas de desinversión, de pérdidas de clase por el déficit en infraestructura, conflictos con los trabajadores de la educación, etc”.

También critican la metodología a aplicar, “La uniformidad de exámenes, que contendrán entre 15 y 24 ítems, los cuales deberán ser respondidos en 60 minuto, a un promedio de 2 minutos por respuesta, hecho que coarta la capacidad reflexiva de quien “aprende”.

Chicos de 8 años tendrán una hora de examen en matemáticas, 15 minutos para descansar y luego una hora de examen de lengua. No cuestionamos que existan evaluaciones, si cuestionamos sus métodos y objetivos”.

Para la asociación de docentes, realizar una evaluación externa de los contenidos aprendidos por los estudiantes es “evidencia de la clara concepción mercantilista de la educación”, considerando que se busca responsabilizar “casi exclusivamente al docente” de lo que ya anticipan será un resultado negativo “y demostrar la ineficacia de la educación pública, todo esto bajo un contexto de complicidad entre Nación y la Provincia, no sólo para ejecutar esta evaluación, sino también para aplicar planes nacionales como el FinES que precarizan el trabajo y degradan la educación de jóvenes y adultos”. 

Por esta razón, desde el Congreso realizado en Puerto San Julián salió esta postura de rechazo a la “implementación de este proyecto nacional con acuerdo de las provincias, que intentan deslegitimar la labor docente con evaluaciones antipedagógicas y de un evidente carácter neoliberal que propenden a la destrucción de la Educación Pública, dejando en un estado de vulnerabilidad total y permanente, a los sectores más postergados”.