Empleados que vuelven de las vacaciones y se encuentran excremento de ratas en la mesa de entradas. Ascensores en mal estado que ponen en riesgo la vida de los trabajadores.

Jueces que deben tomarle declaración a un discapacitado en la vereda por falta de rampas. Oficinas atiborradas por empleados, detenidos y abogados donde casi no hay espacio para moverse.

La descripción grafica la situación que se atraviesa en la mayoría de los tribunales y juzgados de la provincia de Buenos Aires en la ciudad. Ante este escenario, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) advierten que el colapso de los edificios se profundiza y reclaman que se avance con la construcción de la Ciudad Judicial.

“La situación está al límite. En cualquier momento puede haber otro Cromañón porque a la precariedad objetiva que hay en los edificios se le agrega la falta de adopción de medidas preventivas y paliativas. Entonces estamos ante un riesgo concreto y permanente”, asegura el secretario general del gremio, Mariano Fernández. Y agrega: “La situación es tan precaria que llega a un nivel insostenible”.

El mal estado de los edificios de tribunales y juzgados -sobre el todo el central ubicado en Brown y Tucumán- es un histórico reclamo de abogados, jueces y trabajadores. El paso del tiempo provoca que la situación seca cada vez más grave. “Mar del Plata es uno de los departamentos judiciales con más conflictividad social. Entonces eso provoca que el Poder Judicial tenga mayor cantidad de expedientes, más personas transitando por los pasillos y eso hace que los edificios terminen siendo obsoletos respecto de la respuesta que tiene que dar el Poder Judicial”, explica el secretario general de la AJB. Y agrega: “Además estos edificios no están específicamente construidos para la función judicial por lo que con el paso del tiempo estas estructuras improvisadas comienzan a resentirse”.

Para Fernández, el edificio central de Tribunales es el “paradigma de la precariedad”. “Allí el hacinamiento es la regla general. Todas las dependencias tienen ese problema. Esa es la regla general”, explica.

En ese sentido, como ejemplo la situación de los juzgados de ejecución 1 y 2. “La dirección de Sanidad de la Suprema Corte ya dijo que no están en condiciones no pueden funcionar por la falta de espacio. Sin embargo, eso no se ha mejorado para nada y la situación tiene a agravarse”, grafica. Y agrega: “En el Tribunal Criminal 3 está hacinado todo el personal administrativo en un espacio físico que es insuficiente. Hace tres años que reclaman un artefacto de frío – calor para oxigenar la zona. Todavía no han tenido respuesta a esa demanda. Tenemos un grado de improvisación que encima agrava el problema”.

Ante este escenario, desde los sindicatos aseguran que ante un problema empiezan soluciones espasmódicas y no de fondo. “La Suprema Corte responde cuando se presentan estos hechos en el marco de la precariedad”, sostiene Mariano Fernández. Y lo grafica: “Por ejemplo, si se cae un ascensor recién ahí se interviene y se le trata de encontrar una solución. Si hay ratas, recién ahí se empieza a desratizar”.

Para los empleados, las intervenciones de la Suprema Corte bonaerense “se presentan siempre después de que sucedieron los hechos”. “No hay una política preventiva y que encare el problema de manera integral. En la provincia hay una ley de materia edilicia que se sigue prorrogando año tras año y que permitiría al gobierno y a la Suprema Corte disponer de fondos por afuera del presupuesto general porque se lo permite la emergencia. Sólo se reconoce el problema general pero no hay soluciones”.

Desde la AJB afirman que a los quince días de asumida la gobernadora María Eugenia Vidal se reunieron con el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y acordaron armar una mesa técnica para encontrar soluciones parciales y evitar que se profundicen los problemas en lo inmediato hasta que se avance con una solución de fondo. “Pese a esa promesa no hemos tenido una sola reunión. En ese sentido no ha cambiado nada la política de este gobierno con la del anterior”, dice Fernández.

La Ciudad Judicial

Magistrados, abogados y trabajadores coinciden en que la solución para todos estos problemas es avanzar con la concreción de la Ciudad Judicial.

La idea de construir un gran edificio que reuna todos los servicios de Justicia se comenzó a planear en la década del 80, pero todo quedó en buenas intenciones. En los 90 el proyecto fue un tema pendiente de agenda y no se trató.

Recién en 2005 durante la gestión del por entonces gobernador Daniel Scioli llegó el primer compromiso de autoridades provinciales y nacionales para ceder el terreno de la antigua estación de cargas del ferrocarril, ubicado en Juan B. Justo y México. Desde ese momento, la Ciudad Judicial tuvo por primera vez un lugar para levantarse.

En este contexto, en 2012 fueron cedidos los terrenos a la Suprema Corte de Justicia. En ese año, Scioli presupuestó una inversión de 267 millones de pesos para la primera etapa de la obra de 26 mil metros cuadrados, a través de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por su parte, el Poder Judicial llamó al concurso de ideas para elegir un anteproyecto.

Finalmente resultó ganador un impactante proyecto que prevé un complejo compuesto por cuatro edificios en barra intercalados con patios verdes para aportar vistas e interés visual a los ámbitos de trabajo.

Para la primera etapa de la obra se pensó construir los dos primeros edificios para los fueros civil y penal, y junto a ellos establecer la Plaza de la Justicia esperando la última etapa para los otros dos fueros. “Es un edificio simple y para llegar a eso tuvimos un trabajo enorme de 7 meses. Ahora quisiéramos ver materializado esto y por eso la idea de las etapas”, explicaron en ese momento en una charla los arquitectos Enrique Speroni, Gabriel Martínez, Juan Flores, Guillermo Castellani, Leandro Moroni y Alberto Sbarra que ganaron 480 mil pesos por el concurso.

Una vez definido el proyecto, en el 2013 los equipos técnicos del Ministerio de Infraestructura calcularon que toda la obra costaría más de 4 veces más que la inversión estimada al inicio y comenzaron analizar el proyecto para bajar los costos.

En ese contexto, llegaron las elecciones y asumió la gobernadora María Eugenia Vidal. Su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, en uno de sus pasos por la ciudad condicionó la construcción de la Ciudad Judicial a la suerte del reclamo que elevó el gobierno bonaerense a la Corte Suprema para destrabar el tope de las partidas correspondientes al Fondo del Conurbano.

En ese sentido, Ferrari dijo que “en octubre” podría haber novedades sobre el reclamo. “Tenemos muchas esperanzas de que pronto la Provincia recupere los fondos que le corresponden. Hoy, per cápita, un habitante de la provincia de Buenos Aires está recibiendo por fondos directos de coparticipación aproximadamente 7.000 pesos, y la media de cualquier provincia es de 21.000”, afirmó.

De ello depende llegar a una solución para la colapsada situación de los tribunales locales. “La Ciudad Judicial es la respuesta a todos los problemas. Implicaría abordar integralmente las deficiencias edilicias que hay en Mar del Plata y también implicaría una solución concreta a la garantía constitucional que tiene todo ciudadano de acceder a la Justicia”, explica el secretario general de la AJB. Y agrega: “Una persona puede estar dando vuelta toda la mañana por los 32 edificios que hay en la justicia provincial en la ciudad para saber dónde está un expediente y el funcionario que le puede dar una solución a su problema. Todos los edificios en una sola dependencia harían ahorrar tiempo y mejorar el acceso a la justicia”.