Afiliados de ATE fueron excarcelados, pero deberán realizar tareas comunitarias

Tres de ellos fueron condenados a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, pero como permanecieron detenidos durante la instrucción, consumaron parte de la pena y fueron excarcelados. Deberán realizar tareas de mantenimiento de plazas hasta 2017. También cursos sobre cuidado de medioambiente. El ex secretario adjunto de ATE recibió una pena de 2 años de prisión en suspenso, al igual que otro imputado que fue sentenciado a 1 año. Se ratificó la absolución de Patricia Benítez. Investigación penal para Raúl Gómez y por presunto delito de falso testimonio para tres testigos.

La Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción resolvió ayer condenar a Ernesto Gabriel Apendino (33), Ramón Alberto Arteaga (27) y Juan José Bernardino Vera (30) a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de “estrago simple en concurso real con daño agravado en concurso real con lesiones leves agravadas en dos hechos”. Con esta pena, quedaron inmediatamente excarcelados al haber cumplido casi la mitad de la sentencia, por permanecer detenidos durante la instrucción. Los tres fueron juzgados por el incendio del edificio gubernamental ocurrido el 18 de octubre de 2013, daños a un móvil policial de la Alcaidía de Río Gallegos, y lesiones a dos efectivos que se movilizaban en el mismo. También fue condenado el ex secretario adjunto de ATE, Luis Roberto Díaz (54), a la pena de 2 años de prisión en suspenso en orden al delito de “estrago simple en calidad de partícipe secundario”. Díaz había reconocido los cargos en su contra y gozaba de la excarcelación desde el 22 de noviembre tras admitir ante la juez de instrucción Valeria López Lestón el delito que se le imputaba, de haber contribuido con el incendio a las oficinas gubernamentales. El fiscal Gabriel Giordano había solicitado 5 años de cárcel para Apendino, Arteaga y Vera. Dos años en suspenso para el ex dirigente de ATE. En tanto para Diego René Reyes (31) 1 año en suspenso. La defensa de los cinco acusados había solicitado la absolución de culpa y cargo. (Ver: La defensa adelantó que apelará la sentencia). Además, en el fallo se absolvió a Patricia del Valle Benítez (48) y a Reyes del delito de “estrago doloso agravado” por no haberse formulado acusación del fiscal Giordano. No obstante, Reyes fue condenado a 1 de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de “daño agravado en concurso real con lesiones leves agravadas en dos hechos”. La defensa adelantó que apelará la sentencia de todos los imputados, quienes son empleados de la Administración Pública Provincial y afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).También el tribunal integrado por los jueces Joaquín Cabral, Rosa Núñez y María Alejandra Villa (subrogante) puso a disposición de la Fiscalía de Cámara el expediente para iniciar la correspondiente investigación penal respecto al ex secretario general de ATE Raúl Gómez, y por presunto delito de falso testimonio contra Yenny Millapel Cárdenas, Ana María Espinoza y Gabriel Barría.

Tareas comunitarias Apendino, Arteaga y Vera deberán fijar residencia y estar al cuidado del Patronato de liberados y excarcelados. Tendrán que abstenerse de usar estupefacientes y/o abusar del consumo de bebidas alcohólicas. También realizarán trabajo de parquización, forestación, pintura, cuidado y remodelación en plazas barriales de la ciudad de Río Gallegos durante tres años. Deberán asistir a una charla obligatoria sobre ecología y cuidado de medioambiente y, finalizado el curso, deberán presentar un trabajo que luego será difundido en los medios de comunicación. Esto se debe a la quema de cubiertas durante las protestas salariales que han encabezado los imputados.En cuanto al pedido de captura internacional que pesaba sobre Arteaga, desde la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público de Chile se informó que no se iba a solicitar la extradición, ya que “se trataba de un adolescente condenado a régimen cerrado, pero cuya pena fue substituida por libertad asistida especial. Atendida la naturaleza de la pena, no sería posible pedir extradición y además, según el fiscal, el tiempo que resta por cumplir es breve”. Arteaga estaba condenado a 10 años de prisión por un doble homicidio en Punta Arenas. (Ver: Sin extradición a Chile)En el fallo se resaltó que en la denuncia del fiscal de Estado, Iván Saldivia, quien estuvo ausente en el juicio, había informado que como consecuencia del siniestro se destruyó toda la documentación perteneciente al Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación y de la Función Pública, Estadísticas y Censo, y la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas. El presidente del tribunal Joaquín Cabral remarcó en la sentencia, apuntó a la “esencia del derecho gremial” tanto por su actividad, sus fines y límites. También sobre la responsabilidad de las autoridades públicas encargadas de dar seguridad y respuesta judicial a la demanda de la población que muchas veces se ve amenazada por la violencia y “los desbordes de conductas”. (Ver Pág. 11)Fuera de la sede de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción hubo familiares y militantes del Partido Obrero y MST- Nueva Izquierda que brindaron su apoyo a los condenados. No hubo organizaciones gremiales como las que se movilizaron las jornadas del juicio, que se llevó a cabo en la sede del tribunal que estuvo vallado y custodiado con un estricto operativo policial.  

Excarcelado fue denunciado por amenazas A escasas horas de ser excarcelado, Ramón Alberto Arteaga fue denunciado por presuntas amenazas. Un joven de 19 años, que habría sido identificado como Nicolás Vargas, acusó a Arteaga de haberle proferido amenazas de muerte por su testimonio en la causa del incendio de la Subsecretaría de la Función Pública. Las denuncias fueron realizadas en la Comisaría Primera y giradas al Juzgado de instrucción de turno. Las amenazas habrían sido en la vía pública en la tarde ayer, en la esquina de la avenida San Martín y Zapiola. Vargas era el séptimo imputado en la causa, pero tiene una suspensión del juicio a prueba.

Sin extradición a Chile El cónsul general de Chile en Río Gallegos, Jorge Salinas Paredes, informó a través de una nota a la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, que la Justicia de su país había desistido de solicitar la extradición del imputado Ramón Alberto Arteaga Robinson. La Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público de Chile precisó que no iba a solicitar la reclamación del implicado. Conocido como “El Pibe” en Punta Arenas, había sido condenado a 10 años de cárcel por un doble homicidio ocurrido en 2005 cuando era un adolescente. Interpol había notificado a la Justicia de Santa Cruz sobre un pedido de captura vigente, que ahora quedó sin efecto.

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