En este punto el conflicto toma volumen político: la oposición exige a María Eugenia Vidal mejoras en infraestructura, junto a los gremios.

La pulseada económica sostiene una brecha cada vez mayor: el gobierno depositó el jueves último un nuevo adelanto a cuenta del acuerdo, que acumulado da una mejora del 19% en lo que va del año. Pero tras la devaluación y la nueva expectativa de inflación, los gremios ya no piden el 30% con cláusula gatillo. Su pretensión se correrá hacia el 40%, a efectos de no perder poder adquisitivo, según informó Roberto Baradel a LA NACION.

En el gobierno, en tanto, hay enojo con los sindicatos, que vuelven a parar y al final de la semana próxima habrán perdido 21 días de clases en el ciclo lectivo. Una cifra superior a la del año pasado y a la del anterior.

"Nosotros habríamos deseado que esto ya estuviera resuelto. Vamos a insistir en el diálogo. No nos parece para nada positivo que la búsqueda del diálogo se tenga que hacer con chicos privados de clases", dijo ayer el vicegobernador Daniel Salvador.

"Todos debemos poner la mejor voluntad para dar una respuesta lo más rápido posible", expresó Salvador. No obstante informó que no se va a volver a convocar a paritarias "con un paro encima". La nueva convocatoria no llegará antes de la segunda quincena de septiembre, se informó en la Casa de Gobierno.

"Nosotros queremos que el docente esté bien. Pero debemos ver la recaudación  antes de comprometernos a pagar lo que no podemos", dijo el director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny.

"El contexto macroeconómico nos da la razón: era más razonable hacer acuerdos cortos, ya que en este contexto es muy difícil fijar un salario", dijo uno de los ministros que participan de la paritaria provincial. "Todas las declaraciones de Baradel buscan sacar provecho político. Incluso de tragedias como la de Moreno. Y siempre llega a la misma conclusión: paro", se ofuscó uno de los hombres que dialogan con los sindicatos.

Hoy, en la Cámara de Diputados provincial se debatirá un proyecto para declarar en emergencia los 12.000 establecimientos educativos públicos. Otros 6000 corresponden a escuelas privadas. Los diputados opositores pueden tener número suficiente para votar un proyecto de declaración de emergencia. No será más que una declamación, ya que difícilmente pase la iniciativa en el Senado de la provincia, donde Cambiemos tiene dos tercios de los votos.