Luego de que el Gobierno nacional le informara a ATE que los aguinaldos de los empleados públicos nacionales de mayor monto serían pagados en cuotas, el secretario adjunto nacional del sindicato, Rodolfo Aguiar, consideró que “es muy difícil de aceptar” y sostuvo que “resulta inaplicable en las provincias y los municipios”.

La iniciativa que en principio sería para los empleados nacionales podría trasladarse a las provincias y municipios de todo el país, por lo que el sindicalista recomendó a gobernadores e intendentes que “no debieran tomar esto como un aval para abonar en cuotas el sueldo anual complementario porque incurrirán en un grave error”. “Las patronales estatales no pueden utilizar la pandemia como una excusa para afectar nuestro derecho a tener un salario digno", agregó.

En la Argentina hay 3.179.000 trabajadores públicos entre los tres niveles estatales, según un informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). "En estos tiempos complejos el Estado lo es todo y no se puede cometer semejante injusticia con sus trabajadores. Por eso, en la crisis sanitaria, económica y social actual la gente busca protección y refugio allí", expresó Aguiar.

La propuesta del Gobierno apunta a aquellos aguinaldos que superen los 80 mil pesos brutos, los cuales se pagarían con un medio aguinaldo de máximo 40 mil pesos y el resto dividido en cuatro cuotas, pero el dirigente estatal objetó que “la fórmula para liquidar este rubro a nivel nacional no podría replicarse en los gobiernos locales de gran parte de la Argentina porque los sueldos de los empleados públicos son, en muchos casos, sensiblemente más bajos".

"A nadie escapa que la crisis económica se profundizó y que cayeron abruptamente los ingresos de los Estados, pero es ahora el tiempo de pensar que no podemos ser los trabajadores y los jubilados quienes paguemos el costo de esto. Llegó el momento de pensar en iniciativas políticas que permitan iniciar una fuerte redistribución de la riqueza, como serían el impuesto sobre las principales fortunas, la suspensión e investigación de los pagos de la deuda y, si es necesario, seguir emitiendo moneda. Un Estado no es una empresa privada y por lo tanto no está obligado a generar ganancias, y bien puede ser deficitario en períodos extremadamente complejos como este", concluyó Aguiar. El diálogo que el Gobierno tendrá con el sindicato estatal en los próximos días podría modificar las condiciones de esta propuesta.