Los secretarios general y adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso y Roberto Baradel, reclamaron "la inmediata convocatoria a la paritaria nacional docente" y denunciaron "la campaña mediática en su contra por parte de algunos medios que responden políticamente al gobierno derrotado en las elecciones".

Los dirigentes, referentes de la mayor estructura gremial docente nacional, sostuvieron en un comunicado que "esas notas son armadas con preocupante ausencia de rigurosidad periodística e informativa y aluden a fuentes indefinidas e imprecisas para cuestionar la negociación colectiva nacional, una de las principales conquistas de los gremios".

"El funcionamiento de la paritaria nacional entre 2007 y 2015 disminuyó las diferencias salariales entre provincias, garantizó que ningún docente percibiese un haber inferior al mínimo en todo el país, mejoró las condiciones de trabajo y la formación gratuita y en ejercicio y redujo ostensiblemente la conflictividad, entre otras cosas", aseveraron.

Alesso y Baradel también expresaron que desde su clausura se observó "una caída abrupta de los niveles de inversión educativa, ya que por primera vez desde 2010 la inversión en el área estará por debajo del 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) que exige la Ley 26.075 y, en 2019, caerá al 5,2 por ciento, en el mejor de los casos".

El gobierno disminuyó en cuatro años "la participación del presupuesto educativo en el nacional, y en relación con ese PBI", dijeron, y argumentaron que "el cierre de programas, el ajuste, la subejecución de partidas y el proceso inflacionario fueron los ejes de la caída de la inversión nacional en educación y cultura del 1,66 (2015) al 1,35 por ciento (2018)".

Los dirigentes explicaron que durante cuatro años hubo "desfinanciamiento" de los Fondos Nacional de Incentivo y que "el aporte estatal al salario de los docentes provinciales está congelado desde julio de 2016 en 1.210 pesos por cargo, por lo que teniendo en cuenta la inflación ocurrida desde entonces se perdió el 10,2 por ciento del poder adquisitivo".

También afirmaron que aumentó la conflictividad y que se redujo el Fondo de Compensaciones Salariales para que las provincias pudiesen actualizar los mínimos, y que "no hubo discusión ni aplicación de políticas públicas pedagógicas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, a fin de ofrecer una educación de calidad", puntualizaron.