Por su parte, el diputado nacional por el FpV-PJ, Rodolfo Tailhade, pidió la reapertura de la causa por tráfico de datos de la Anses a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros y solicitó al juez federal Sebastián Casanello que investigue si el presunto lavado de dinero, realizado a través de aportantes falsos, tuvo su origen con esa maniobra.

La presentación que García ampliará apunta directamente a Vidal en tanto presidenta del PRO y al resto de las autoridades de la fuerza política a nivel provincial por los delitos de lavado de activos, usurpación de identidad, falsificación de documentos, y violación de secretos y de la privacidad.

“Es una denuncia del kirchnerismo”, contestó la mandataria cuando el pasado jueves –durante una conferencia en la localidad bonaerense de General Villegas– le preguntaron sobre el escándalo. “La respuesta de la gobernadora es grave. ¿Tenemos que explicarle que por la gravedad de los hechos descubiertos cualquier persona con responsabilidad tenía que haber hecho la denuncia?”, sostuvo García.

“La ley es muy clara y dice que los aportes que reciba una agrupación política deben realizarse mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o cualquier otro medio que permita la identificación fehaciente del donante. También señala como responsables al presidente y tesorero del partido”, retrucó la legisladora de Unidad Ciudadana.