Antimoyanistas gestionan con el Gobierno mayores fondos para las obras sociales

El reclamo fue elevado a Liliana Korenfeld, superintendenta de Salud. Calculan que la medida les reportaría $ 300 millones anuales. También presionan por el pago de reintegros
ELIZABETH PEGER.

A la par de los cortocircuitos internos generados en torno a la candidatura de Antonio Caló para conducir el sector, los gremios del frente antimoyanista decidieron aprovechar el impulso de su reciente encuentro con la presidenta Cristina Fernández y retomaron las negociaciones con funcionarios del Gobierno en la apuesta de hacerse de mayores fondos para las obras sociales sindicales en momentos que –aseguran– esas entidades enfrentan serias dificultades financieras. La intención del sindicalismo opositor a Hugo Moyano apunta, por una parte, a acelerar el pago de reintegros atrasados de la recientemente disuelta Administración de Programas Especiales (APE) y, en paralelo, conseguir una reducción de la retención que el Estado aplica sobre las contribuciones patronales y aportes de los trabajadores a las obras sociales, retención que nutre de recursos el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que actualmente acumula alrededor de $ 15.000 millones.

Esa última iniciativa, que ya fue conversada en reuniones informales por un grupo de sindicalistas del antimoyanismo con la superintendenta de Servicios de Salud, la ultrakirchnerista Liliana Korenfeld, contempla llevar el porcentaje de la retención estatal al nivel que tenía hasta el 2002, cuando por la ley de Emergencia Económica fue elevada del 10% al 15%. Según los cálculos gremiales, esa medida representaría para las obras sociales un ingreso anual adicional cercano a los $ 300 millones.

“Es necesario recuperar un mayor porcentaje de los aportes para paliar situaciones complicadas que enfrentan varias obras sociales”, explicó uno de los gremialistas al tanto de las negociaciones, quien reconoció que en el fondo se trata de una discusión “de caja” que requiere del aval político de Cristina. También depende de un guiño presidencial la posibilidad de que el Ejecutivo acelere el pago de reintegros a la prestadoras médicas sindicales por los tratamientos de alta complejidad. Luego de la disolución de la APE, dispuesta por decreto el 19 de julio, referentes del grupo de “independientes” apuraron las gestiones con Korenfeld en la búsqueda de destrabar el reparto de fondos para que las obras sociales puedan hacer frente a una parte de la deuda por cerca de $ 1.800 millones que acumulan con sus respectivos prestadores.

Mientras aguardan una respuesta a ese pedido, también comenzaron a conversar con la funcionaria la posibilidad de una reforma del sistema, que implicaría el fin de los reintegros que hasta ahora pagaba la APE y su reemplazo por un mecanismo por el cual el Estado financiaría en forma directa los tratamientos médico de alta complejidad y los medicamentos de alto costo. “Con esto se evitarían demoras en los reintegros y los consecuentes problemas de desfinanciamiento que enfrentan muchas entidades”, explicó un dirigente del antimoyanismo. Y citó como ejemplo que en lo que va del año la APE ejecutó poco más del 15% de los recursos presupuestados para el pago de reintegros a los gremios por esos tratamientos.

Otra cuestión clave de esa iniciativa es que supone que el Estado centralizaría las compras de remedios de alto costo, lo cual terminaría con el sistema que dio lugar a las múltiples causas judiciales contra las obras sociales sindicales en el marco de la denominada “mafia de los medicamentos”.

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