Anulan la intervención de gremio de vigiladores

Anulan la intervención de gremio de vigiladores

Decisión de la justicia del trabajo ante un recurso de amparo - Lo resolvió la Cámara laboral, que además repuso en su cargo al secretario general que había sido desplazado y le ordenó a Producción y Trabajo reconocerlo. Otro revés para el Gobierno en los varios sindicatos donde desembarcó con particular intensidad durante la gestión de Jorge Triaca.

La Justicia suspendió otra intervención del Gobierno a un sindicato. Se trata de la Unión del Personal de Seguridad (Upsra) que permanecía bajo tutela del Ejecutivo desde 2016 y que ahora, a partir de un fallo de la Cámara laboral, deberá volver a manos de sus tradicionales autoridades. La resolución de la Sala XI del tribunal, a la que tuvo acceso a este diario, suspende una elección convocada por los interventores para el 14 de enero y ordena la reposición en su cargo de Ángel García, el secretario general del gremio antes del desembarco de Cambiemos.

El derrotero de la intervención ahora en suspenso es similar al de otros sindicatos donde la administración de Mauricio Macri promovió la remoción de dirigentes para poner en su lugar gestiones afines. El caso más paradigmático fue el del sindicato de marítimos (SOMU), que este año volvió a manos de sus afiliados luego de un intento fallido de la exintervención por impulsar un candidato propio alineado con Cambiemos, pero en otros fue la propia Justicia la que desplazó a los funcionarios del Ejecutivo: sucedió en el gremio de Canillitas (Sivendia), el de jerárquicos ferroviarios (Apdfa), el de trabajadores de la industria del azúcar, de Tucumán (FEIA) y en el de judiciales de Mendoza, entre otros.

Con la firma de los camaristas Álvaro Balestrini y Roberto Pompa, la Sala IX dictaminó a favor de García en una medida cautelar que presentó para dejar sin efecto el llamado a elecciones que había hecho el delegado normalizador nombrado por el Gobierno, Patricio Lombilla. Los jueces fueron más allá: resolvieron, además de suspender el comicio del 14 de enero, ordenar al Ministerio de Producción y Trabajo extender una certificación de autoridades (el reconocimiento formal en el rubro sindical) a García y a sus colaboradores, cuyos cargos habían sido prorrogados por una asamblea general del gremio en 2017 cuando ya regía la intervención oficial.

En otras palabras el tribunal sacó del medio a los interventores y repuso a los gremialistas con todas sus facultades aunque aclaró, en su resolución, que esa decisión no implica un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo. Al respecto será la propia Sala IX la que deberá resolver sobre la determinación original de Trabajo que dio origen a la intervención, dispuesta por aparentes irregularidades en el proceso electoral que había organizado el propio García en 2016.

La decisión también implicó un revés para el juez federal Ariel Lijo, quien había tomado intervención en la causa a partir de una denuncia del primer interventor, Rodolfo Alonso, contra el secretario general del gremio por haber impedido su asunción en la organización. Lijo debía investigar a García por presunta desobediencia judicial y en sus primeros pasos en el expediente le ordenó a Trabajo poner en vigencia la intervención, que finalmente recayó en Lombilla. Ahora el juez federal podrá continuar con la causa contra García pero no tendrá incidencia sobre la validez final o no de la intervención, que la Corte Suprema puso en cabeza de la Justicia laboral en agosto pasado.

La intervención de Upsra tuvo, en paralelo con su desenvolvimiento judicial, un trasfondo político relacionado con la ruptura de la histórica sociedad de García con Luis Barrionuevo, su exreferente en la interna de la CGT. De hecho el desembarco del Gobierno en el gremio tuvo un sesgo ligado a Barrionuevo y a Enrique “Coti” Nosigilia, su histórico socio político.

Además la de los funcionarios fue una gestión no exenta de controversias. Un empresario del rubro de los vigiladores denunció al exsecretario de Trabajo Jorge Triaca –entonces número uno de la cartera laboral-, a Sergio Borsalino, su cuñado y exasesor, Adrián Corti (custodio), Lombilla y Patricio Castro, afiliado del gremio y exempleado de la cartera de trabajo, por supuesta extorsión, cohecho y enriquecimiento ilícito a partir de aparentes desvíos de fondos. De hecho, tanto Triaca como Borsalino se vieron envueltos en acusaciones por presuntas irregularidades en la intervención del SOMU. El fin del proceso de Cambiemos en Upsra coincide con la salida definitiva de Triaca del Gabinete nacional.

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