Las aplicaciones Rappi y Glovo se resisten a cumplir los fallos judiciales, prefieren pagar multas antes que ajustarse a la ley y dan nuevo impulso a su política antisindical.

El conflicto había iniciado cuando Rappi dejó sin trabajo a tres de sus trabajadores que integraban la Asociación de Personal de Plataformas (APP), flamante gremio que busca representar a los trabajadores de las aplicaciones. Más tarde y ante una denuncia por parte de los apoderados legales del sindicato, la Justicia le ordenó reincorporarlos bajo castigo de pagar una multa de 2.000 pesos diarios. En esa disyuntiva Rappi prefirió abonar 58.000 pesos a cada uno de los trabajadores, con tal de no volverlos a tomar.

"Rappi no acepta la decisión de la Justicia de desbloquear a los tres trabajadores, prefiere seguir incumpliendo la medida dictada y pagar la multa. Si no cumple la sentencia, pediremos que se vaya incrementando la multa diaria", le dijo José Tribuzio, integrante del equipo jurídico de APP a BAE Negocios: 

Esto ocurre, en el mismo momento en que se está tramitando y discutiendo en la Justicia la acción de fondo, donde lo que se debate es si hay o no relación de dependencia entre los repartidores y la plataforma y el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente.

"Presentamos una medida cautelar, porque mientras se tramita la demanda, que puede llegar a durar dos años, queremos que los trabajadores estén adentro", agregó Tribuzio.

Por otro lado, "la Cámara de empresas de delivery y la empresa Envío Ya hicieron una demanda al gobierno porteño para que el resto de las empresas de delivery cumplan con todos los requisitos, como casco, habilitación, mochilas con determinadas características para refrigerar alimentos, entre otros pedidos", señaló el abogado.

El fallo que se conoció esta semana obliga a las empresas de plataforma a poner en blanco a todo su personal y garantizarles el equipamiento necesario. El plazo que dio la Corte de Apelaciones es de 60 días. Además, la Justicia porteña ordenó al Gobierno de Horacio Larreta a controlar que todos los repartidores tengan acceso al casco y al resto de los elementos de seguridad.

El principal problema es que hasta que las empresas no cumplan los fallos, hoy son los mismos repartidores los que son multados y deben pagar sumas de hasta 4.000 pesos por no tener todo en orden.