No aplicar el fallo de la SCJ “es sublevarse frente a la Constitución”, dijo Gil Domínguez

Invitado por la agrupación universitaria SUMATE, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, brindó en la tarde de ayer una charla abierta sobre Aborto No Punible y, específicamente, respecto a la importancia del reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia en torno al tema.
Santa Rosa - Afirmó que este veredicto debe ser tenido en cuenta por las provincias, porque de lo contrario sería “sublevarse frente a la Constitución y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos”.

El abogado es docente de grado y posgrado en diversas universidades del país y del exterior, además es Profesor Titular Regular de la cátedra de Derecho Constitucional de la Carrera de Abogacía de la UNLPam. Previo a ingresar al Aula 17 de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, adelantó que la idea de la charla era analizar los alcances del fallo de la Suprema Corte de Justicia referido a abortos no punibles y la obligación de aplicarlo en todas las provincias, además de repasar las perspectivas que se abren para despenalización de abortos en los casos que aún son motivo de pena.

Gil Domínguez fue concreto al afirmar que no es viable que aún se hable de que el fallo de la Corte se circunscribe a un caso puntual (como lo hizo el ministro de Salud de La Pampa, quien además afirmó que no se aplicaría en la provincia, lo cual generó una catarata de repudios no solo en el ámbito local sino a nivel nacional), y esto porque “la Constitución y los tratados internacionales se aplican”, y lo que la Corte dice tanto como los órganos de aplicación de esos instrumentos dicen, es la supremacía constitucional.

“Argumentar que no se van a aplicar -dijo- es como enfrentarse a la Constitución, sublevarse frente a la Constitución y a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, lo cual generaría también un incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades internacionales, por tanto, el fallo de la Corte se debe aplicar”.

Indicó que lo que pueden hacer las provincias son reglamentaciones locales de cómo se va a aplicar, pero no discutir si se va a aplicar o no.

Cabe recordar que el ministro González opinó sobre el fallo reconociendo que no lo había leído y que lo hacía por lo que le habían dicho sus asesores. El constitucionalista dijo que los que opinan saben lo que dice el texto de la SCJ, pero “arman un discurso jurídico donde encubren sus propias valoraciones o el intento de imponerle a toda la sociedad su propia cosmovisión religiosa o su propia ideología, cuando en realidad lo que tienen que hacer es respetar el fallo porque este permite que cada mujer, según sus convicciones religiosas frente a una situación tan trágica como la que surge de un embarazo producto de una violación, pueda elegir si continuar o interrumpir el embarazo”. Insistió en que los que opinan “saben muy bien lo que dice el fallo. No creo que no sepan”.

En cuanto a la incidencia del fallo a nivel país, reconoció que “la mayoría de las provincias lo ha aceptado y las que eran un poco reticentes como Salta y La Pampa parece que han entrado en razón. La que todavía sigue en un estado de nebulosa es Mendoza”.

Afirmó que “lo que hay que advertirle a los médicos que se niegan (a la práctica de los abortos no punibles) es que, conforme a lo que ha dicho la Corte, quienes se nieguen están incurriendo en un delito, porque están incumpliendo en los deberes de funcionario público y van a tener severas consecuencias penales y civiles sino acatan este fallo”.

Aclaró que el fallo también regula la situación de los profesionales que por cuestiones de conciencia se nieguen a la práctica de los abortos contemplados en la legislación. “Esto el fallo lo regula y permite que aquellos médicos que por sus convicciones religiosas o personales no quieran llevar adelante un aborto lo pueden decir de antemano y no están obligados (a la práctica), salvo -aclaró- que sea el único médico” disponible en un centro público asistencial.

Recordó que las figuras de los casos de abortos no punibles están contemplados en el Código desde 1921, incluso “antes de que se incorporase en los países nórdicos, que supuestamente son los que hicieron la gran revolución en el tema. Acá está regulado de manera clara y precisa, pero se ha ido desdibujando por ciertas trabas burocráticas para imponer una determinada ideología de manera encubierta”, deslizó Gil Domínguez.

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