Este miércoles el consejo directivo de la CGT confirmará la decisión sindical de avanzar con un nuevo paro general, el quinto, contra la administración de Mauricio Macri. Es muy posible que en el encuentro se anuncie también la fecha de la medida de fuerza que, según la apuesta de la conducción cegetista, se concretará en la misma semana de la realización de la cumbre de presidentes del G20 en Buenos Aires. Aunque aún es prematuro, en varios calendarios sindicales figura remarcado el martes 27 de noviembre como la jornada ideal para la protesta.

La ratificación cegetista de la decisión de avanzar con la nueva medida de fuerza no pareció casual. Llegó justo después de que referentes del Gobierno dieron cuenta de la existencia de negociaciones con empresarios y sindicalistas con el propósito de avanzar en un acuerdo social destinado a frenar los despidos en el sector privado. La versión fue rechazada de plano desde la conducción de la central obrera, donde negaron cualquier tipo de gestión con el Ejecutivo y atribuyeron los rumores a algunas disputas en el seno del propio gabinete nacional. "Acá la única posibilidad de sentarnos a dialogar es que se nos garantice algún tipo de mecanismo para ponerle un límite a los despidos, que asegure la recomposición salarial frente a la inflación y un incremento de las jubilaciones y planes sociales, y eso hoy está muy lejos de estar en la voluntad de quienes toman las decisiones dentro del Gobierno", afirmó a este diario un importante dirigente de la primera línea de la CGT. Otro gremialista coincidió en el análisis y negó conversaciones con el Ejecutivo para negociar una eventual concertación. "No hay nada de nada, es todo un bluff", enfatizó.

Frente a ese escenario, la primera línea de la central obrera acordó avanzar con el llamado a una nueva huelga, que tendrá la misma metodología de los realizados el 25 de junio y el 25 de septiembre pasado: la paralización de actividades por 24 horas. Esa definición implica descartar la alternativa inicial de disponer de una protesta de 36 horas que incluya una movilización a Plaza de Mayo en repudio a la política económica y social de la administración de Cambiemos. En el cambio de postura fue clave el impacto de los incidentes registrados el último miércoles durante la marcha frente al Congreso en momentos en que la Cámara de Diputados trataba el proyecto de Presupuesto 2019. "Hoy por hoy es demasiado peligroso convocar a una manifestación porque si se producen episodios de violencia se vuelve te vuelve en contra y queda desdibujado el verdadero eje de los reclamos", apuntó otro referente de la conducción cegetista.

Respecto a la fecha definitiva de la medida, existe bastante consenso en que se concrete durante la misma semana de la cumbre del G20, que se extenderá entre el viernes 30 y el sábado 1° de diciembre, aunque marcando cierta distancia temporal de las protestas convocadas por las organizaciones anti-globalización.