En medio de la batalla que decidió librar contra la cúpula del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), el intendente Carlos Arroyo decidió abrir otro frente de batalla: la empresa recolectora de residuos 9 de Julio. 0223 había revelado que luego de resolver no pagarles los salarios a cerca de veinte dirigentes del STM el jefe comunal le había impuesto unamulta millonaria a la firma basurera. Y este miércoles, ratificó su decisión: “Si no cumple con el contrato deberá dejar el trabajo a otro”.

El intendente confirmó que la empresa 9 de Julio fue sancionada por el municipio por incumplir algunas cláusulas del contrato. La sanción económica superó los 30 millones de pesos, según precisó Arroyo.

“La orden mía ha sido no tener contemplaciones con nadie”, dijo Arroyo y remarcó: “Los contratos exijo que se cumplan hasta la última letra y los que no los cumplan tendrán que dejar el trabajo a otro. Es el mismo criterio que utilizo con el personal municipal”.

Desde hace tiempo, el gobierno provincial tiene puesta la mira en estos dos ejes: la gran plata municipal que tiene General Pueyrredon y el oneroso contrato de recolección de residuos, que demanda más de 50 millones de pesos por mes.