Las tensiones entre el intendente Carlos Arroyo (Cambiemos) y la provincia se agudizan. Ahora la interna entre los gobiernos de Cambiemos se produjo a partir de la discusión por el fondo de seguridad municipal, al cual el jefe comunal no habría utilizado ni el 30% y para colmo, alegó “problemas financieros” para pagarle el combustible a los patrulleros.

Por su parte, desde el área que conduce Ritondo, la decisión de Arroyo en relación a no pagar el combustible de los patrulleros cayó muy mal y tuvo una inmediata “sanción” para el particular intendente de Cambiemos en Mar del Plata.

En esto casualmente coincidieron la oposición del Frente Para la Victoria y el gobierno provincial, de la mano del ministro de seguridad, Cristian Ritondo. Desde el kirchnerismo le reclamó al gobierno municipal que expliqué por qué ejecutó solo el 28% del fondo de seguridad que le había provisto el gobierno de la provincia, así como también hacia dónde se destinaron dichos fondos.

Por su parte, desde el área que conduce Ritondo, la decisión de Arroyo en relación a no pagar el combustible de los patrulleros cayó muy mal y tuvo una inmediata “sanción” para el particular intendente de Cambiemos en Mar del Plata. Ahora, si el gobierno municipal quiere contar con la presencia de la policía Local en los edificios gubernamentales, será la comuna el que deba pagar por ello.

Foto: QueDigital.

De esta forma, en pocos días el intendente Arroyo se ganó el desapruebo de la oposición, pero también y fundamentalmente del gobierno de la provincia a cargo de la gobernadora María Eugenia Vidal.

“Creemos que es de suma gravedad que el intendente haya ejecutado solamente 28% del “Fondo Municipal en Seguridad”, manifestaron del bloque del FPV al medio local, La Capital.

Según los cálculos, a mita de año el gobierno municipal había recibido alrededor de 68 millones de pesos por parte de la provincia, en materia de seguridad. De ese fondo, solo se habrían gastado 20 millones, lo cual despertó la alarma y preocupación de parte de las demás fuerzas políticas locales.

Para mayor desapruebo e incertidumbre, todavía el gobierno de Arroyo no precisó hacia dónde se redestinó esos más de 40 millones de pesos que no se utilizaron para la seguridad en las calles.

Por su parte, el gobierno de la provincia también reclamó de alguna forma que el municipio detalle en qué se gastó ese fondo, al mismo tiempo que dejaron en claro que la decisión de no pagar el combustible de los patrulleros fue una acción “unilateral”, que no consensuó con el gobierno de Vidal.