La Asamblea contó con la participación de representantes de Organizaciones de Usuarios y Consumidores, Dirigentes Sindicales, Políticos y Sociales, Fomentistas y representantes de algunos partidos políticos de la ciudad. También participaron vecinos de Mar del Plata, preocupados por el servicio deficiente que se reciben en distintos barrios de General Pueyrredon. También hicieron llegar adhesiones algunas instituciones que no pudieron participar pero que celebraban la realización de esta actividad.

El encuentro estuvo presidido por el Secretario General de Luz y Fuerza Mar del Plata, José Rigane, y la Secretaria Gremial, Romina Quintas. En el comienzo, Rigane agradeció la participación de todos los sectores y dijo que esta iniciativa es “una herramienta más para difundir la lucha que sostenemos para reconocer a la energía como un derecho humano y un bien social. La atomización del servicio eléctrico que se dio en la década del 90 fue una medida pensada para empeorar el servicio y generarle mayores ganancias a las empresas privadas. Por eso hoy, según en qué provincia o localidad vivamos, tendremos una tarifa de luz diferente, porque no hay un sistema federal”.

También explicó cómo, desde que se le dio la concesión a la empresa EDEA en 1997, hasta la actualidad, creció la generación y la demanda eléctrica, la cantidad de usuarios y las ganancias anuales, pero eso no repercutió en mayor inversión e ingresos de personal en planta: “En 1999, la empresa recaudó 190 millones de pesos y en 2016, cerca de 2700 millones de pesos, 14 veces más. La ganancia en 2016, libre de impuestos, luego del aumento de tarifas, fue de 1600 millones de pesos. Además, EDEA junto a otras empresas energéticas del país, fue una de las beneficiadas en 2016, por la condonación de deuda del Gobierno nacional, por 450 millones de pesos. Si tenemos en cuenta los miles de millones de pesos que recibieron de subsidios durante más de una década y el aumento tarifario del año pasado, podemos entender de dónde salen esas exorbitantes ganancias”.

Rigane explicó que a pesar de que el Contrato de Concesión establece una cantidad mínima de trabajadores convencionalizados que la empresa debe tener, esto hoy no se cumple y falta cubrir por lo menos 80 puestos, que cubre con trabajadores subcontratados. Esto genera que la cantidad de usuarios por trabajador haya aumentado y hoy EDEA tiene un  promedio de un trabajador cada 700 usuarios (en 1999 era de un trabajador cada 574 usuarios). En comparación, las cooperativas eléctricas de la provincia, que tienen los mismos costos y las mismas tarifas que EDEA, tienen un trabajador cada 220 usuarios. En los años de tarifas sin aumento, las cooperativas no echaron a nadie, no quitaron derechos a sus trabajadores y también tuvieron crecimiento económico razonable. Esto demuestra que las empresas multinacionales están acá para llevarse cada vez más mayores ganancias, sin invertir en el mantenimiento del servicio para garantizar la continuidad y la seguridad”.

Para Rigane, el Estado provincial debe quitarle la concesión por no cumplir con el contrato y la legislación vigente. También citó algunas de las principales resoluciones del Organismo de Control -OCEBA- donde intimaron a la empresa por tener trabajadores tercerizados por fuera del Convenio laboral correspondiente realizando tareas neurálgicas en las redes eléctricas, algo expresamente prohibido por la ley de privatización, y que sin embargo, la empresa sigue realizando.

A través de diferentes cuadros comparativos, se desarrolló cómo desde 1999 a la actualidad la empresa fue vaciando los lugares de trabajo, la planta de trabajadores, los Centros de atención a los usuarios (pasando de tener 4 en todo General Pueyrredon a sólo uno que debe atender la demanda de 500 mil usuarios con solo 9 trabajadoras administrativas), y la nula inversión a pesar de las altas ganancias anuales.

Por último, explicó que hay que entender que “si no modificamos esta situación, de abusos y saqueos de los bolsillos de los usuarios y del patrimonio que es de todos los argentinos, no hay perspectiva para pensar que tendremos un servicio público de calidad, ya que termina siendo un negocio sólo para los privados. Queremos seguir trabajando junto a todas las organizaciones de la sociedad, para pensar en nuevas estrategias y realizar encuentros como estos, cada vez más convocantes”.

Luego, Romina Quintas, explicó cómo está compuesta la tarifa de luz, los diferentes item que se cobran y los distintos cuadros tarifarios que aplica la empresa: “EDEA obtiene miles de pesos extra por mes, violando el reglamento, con el sistema de la boleta digital. A pesar de que es obligación de hacerla llegar al domicilio, no lo hace, nos la manda por mail u ofrece la opción de descargarla de la web y con eso se ahorra los costos del papel y del correo. Multipliquen la cantidad de pesos por los usuarios que no la recibimos y eso por los 12 meses del año, todos los años”.

También desarrolló el reclamo que desde Luz y Fuerza Mar del Plata se realiza contra la Tarifa Residencial Estacional: “hoy en día, se la cobran a muchos residentes, y no sólo a los que tienen una casa de veraneo que sólo ocupa uno o dos meses al años, como fue planteada cuando se implementó. La Tarifa Estacional hoy la maneja a su criterio, y nosotros decimos que es inconstitucional porque no hay igualdad entre personas: a un usuario que cambió en un bimestre, el promedio de su consumo anual (porque quizá le cortaron el gas y tuvo que usar artefactos eléctricos, o porque amplió la casa y tiene más ambientes), lo pasan automáticamente a la Tarifa estacional que tiene otros valores, mucho más altos que la Residencial. Lo mismo que la Tarifa Social, que nació de este Sindicato en 1999. Hoy la empresa decide a quién dársela de acuerdo a su criterio y no en base a necesidades reales, poniendo un tope al consumo que puede tener ese beneficiario”.

Para Quintas, estas son “inventos pensados por las empresas privatizadas para recaudar cada vez más, y a pesar de nuestras denuncias, nunca se avanzó en modificarlas”.

Luego de las exposiciones, algunos participantes tomaron la palabra y convocaron a seguir articulando en estrategias de trabajo en conjunto para frenar los atropellos de EDEA. “Debemos volver al territorio, informar a las familias, hacer un trabajo comunitario para reclamar lo que nos corresponda. Debemos controlar, como sociedad, abusos como los de EDEA” dijo Beatriz.

También se convocó a realizar presentaciones judiciales en conjunto para darle más fuerza a los reclamos, junto a Asociaciones de Usuarios y Consumidores, Sociedades de fomento y representantes políticos.

En el cierre de la Asamblea, el Sindicato entregó material gráfico con la historia del conflicto y se conversó en volver a realizar otro encuentro en el corto plazo.