El Gobierno provincial busca romper la huelga docente con denuncias y un pago a quienes no paren. Es parte del ataque que inició el oficialismo en medio de la conflictividad creciente. En el Congreso, le apuntan a la CGT. Difunden una encuesta donde se cuestiona a la dirigencia sindical. En una escuela del distrito de La Matanza, un patrullero llegó y preguntó por qué no había clases. Era el primer día del nuevo paro docente en la provincia de Buenos Aires, y los efectivos pidieron una lista de docentes adheridos. Testigos afirman que lo mismo sucedió en otros establecimientos y otros distritos bonaerenses. Ese accionar puso en alerta a los gremios y se enmarca en una estrategia oficial que busca desgastarlos en medio del aumento de la conflictividad, en especial en la administración pública.
El gobierno de Cambiemos no reaccionó bien a las protestas sindicales, y con la inminencia de un paro nacional, busca deslegitimar los reclamos. Los incidentes en el cierre de la marcha del 7 de marzo le sirvieron para enfriar el clamor popular, pero la falta de respuesta a los reclamos generales terminó por hacer inevitable la medida de fuerza. Lo mismo sucede en la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora María Eugenia Vidal despliega una batería de elementos para desgastar la huelga docente.
El ataque directo al secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, es una muestra de la estrategia oficial, que tuvo en un video casero del ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich, su justificación pública. “Quebrar la resistencia de los gremios”, dijo el funcionario.
Precisamente, desde que se disparó el conflicto sindical docente, Vidal lanzó una serie de medidas intentando mitigar la acción sindical. Además de las amenazas de sanciones y de quita de sus personerías, los gremios debieron soportar un plan inédito en el país, cuando se insinuó que se reemplazaría a los maestros con voluntarios. Ahora, en la última aparición, la Gobernadora “premió” a los docentes que no adhirieron a la medida de fuerza con un pago extra de unos mil pesos, bajo la excusa del presentismo. Antes del inicio de clases, el Gobierno intentó, mediante este tipo de pagos, parar la huelga, y ofreció 800 pesos para iniciar las clases, algo que los gremios tomaron casi como “una coima”.
“Consideramos que lo que hace Vidal es un ataque a todos los trabajadores. La lucha docente es quizá la más importante del Estado, pero creemos que el ataque tiene que ver con una política más amplia del gobierno de Cambiemos, que básicamente es un plan que tiene como meta el recorte de las funciones del Estado, y tiene un desarrollo que es generar ante la población un desgaste de los estatales, de la función que cumplen”, analizó, al ser consultado por Política del Sur, Roberto Cristófano, secretario gremial de la Asociación Judicial Bonaerense de Lomas de Zamora.
El dirigente recordó que esta estrategia “ya la utilizaron en los ‘90”, y se basa en hablar de la utilizada de los estatales a partir de cuestiones “en la mayoría mentiras, cosas exageradas o fuera de contexto”, como el tema de las licencias. “Buscan lograr un consenso negativo para avanzar en un recorte del Estado”, graficó.
Por su parte, Fernando Corsiglia, titular de CICOP, coincidió en el diagnóstico. “No tenemos duda de que este ataque a los docentes es un ataque a todo el sindicalismo que se planta frente a la política del Gobierno”, le dijo a Política del Sur, y aseguró que esta estrategia de desgaste “está definida desde el más alto nivel nacional”.
Imagen negativa
Lo mismo sucederá con la CGT y su paro nacional, que no podrá ser evitado, pero estará cargado de ataques. Uno de ellos viene del Congreso Nacional, donde un grupo de diputados del oficialismo le pidió al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que haga cumplir la ley de “cupo femenino sindical”, que obliga a tener un 30 por ciento de los cargos directivos con mujeres. La medida, que incluye a las dos versiones de la CTA, busca desgastar al triunvirato, cuestionado legalmente por unos de los alfiles sindicales del Gobierno, el titular de UATRE, Gerónimo Venegas.
En este contexto, en estos días circuló un sondeo de opinión de la consultora Giacobbe y Asociados que midió la supuesta aceptación de los argentinos respecto de los dirigentes sindicales, y sorprendió por la baja aceptación que tienen. Según el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur, el sindicalismo argentino “tiene un 81,6 por ciento de imagen negativa”, y revela -según dos mil encuestados a través de dispositivos móviles- que “corruptos es la palabra con la que la mayoría de los encuestados asocia a los dirigentes gremiales”.Además, un 14,1 por ciento tiene una percepción regularde dicho sector y un 3,4 ve con buenos ojos la gestión sindical en el país.
Más allá de este plan, los dirigentes están dispuestos a enfrentar las consecuencias. “Creemos que la pelea excede la cuestión salarial y tiene que ver con defender el rol de los trabajadores del Estado, que se debe invertir más en áreas como educación pública, justicia o salud. Sacarles plata a las áreas sociales y trasladar esos fondos a los sectores concentrados de la economía es un camino equivocado que va a llevar a más conflicto, más resistencia”, concluyó Cristófano.
En tanto, Corsiglia remarcó que “doblegar la pelea docente es intentar doblegar todo lo que viene detrás, con los profesionales”, y recordó que en la salud “hicieron algo similar”: “Cada vez que paramos, tenemos amenazas de descuentos, hostigamiento y persecuciones, además del destrato de la no convocatoria a la paritaria e imponernos un aumento salarial que no firmamos”, acusó.
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