La devaluación del peso con respecto al dólar produjo un terremoto en la composición de la factura del gas. En ese marco, se realizó este martes una audiencia pública con el fin de establecer los nuevos cuadros tarifarios.

Las productoras pegaron el faltazo. Las distribuidoras y transportistas reclamaron una suba del 29 por ciento, un día después de haber entregado propuestas con aumentos de hasta el 200%. Desde organismos de defensa al consumidor y defensorías del pueblo pidieron que no haya aumentos o incluso que la audiencia sea declarada nula. Finalizada la audiencia, la flamante Secretaría de Energía emitió un comunicado en el cual aseguró: “El aumento final a partir de octubre en la factura de gas para los hogares, a igual consumo del año pasado, no superaría el 30 por ciento, por debajo de lo que se espera sea el alza del IPC de 2018”. Cabe recordar que en abril último hubo un aumento del 32% promedio, por lo cual no queda claro de cuánto sería la suba para esta oportunidad.

Las confusiones en la previa de la audiencia se maximizaron producto de informaciones cruzadas. El lunes último, las empresas compartieron cuáles iban a ser los aumentos a pedir en la audiencia, que oscilaban entre el 80 y el 200%. Sin embargo, este martes todo fue distinto y las empresas se remitieron al Índice de Precios Mayoristas (IPIM), que prevé un 28,8% de suba. En esa línea, se expresaron Transportistas Gas del Sur, Gas Natural BAN, Camuzzi y Metrogas. El comunicado de Energía, reafirmó esta previsión.

Guido Lorenzino, defensor del pueblo de la provincia Buenos Aires, se basó en esta irregularidad para pedir la nulidad de la audiencia. “Las empresas pidieron entre un 80 y un 200%. Así, surge de lo que entregaron tardíamente en el día anterior a la audiencia. Deben estar viviendo en otro país. El Gobierno ha descargado todo el costo tarifario en la gente. Es disparatado. Es de una irresponsabilidad enorme, en este contexto económico y financiero de tanta inestabilidad”.

“Es lamentable la ausencia del secretario Javier Iguacel y de las productoras de gas. YPF estaba anotada y no vino; no es casualidad. Son los grandes beneficiados de la política energética de este Gobierno”, apuntó Pedro Bussetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO). “El aumento no es del 30% como dicen ahora. Es como lo plantearon en los cuadros. Es el 200%, teniendo en cuenta la devaluación, el IPIM y el traslado de las Diferencias Diarias Acumuladas a los usuarios. Si esto se aplica, entre octubre de 2016 y octubre de 2018, las tarifas habrán aumentado un 2.000%, lo cual es un escándalo inaplicable y una vergüenza”, sentenció.

Mariano Lovelli, abogado del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), calificó a la política tarifaria de “estafa” con “valores escandalosos” dignos de un “modelo de saqueo”. Lovelli enfatizó: “Solicitamos que se abstengan de cualquier tipo de aumento. No son bienes de mercado, sino servicios básicos de la gente. Un nuevo aumento garantiza ganancias exorbitantes a las productoras, transportadoras y distribuidoras. Cualquier incremento sólo generará más conflicto social, político y económico”. Finalmente, el letrado puso en duda la búsqueda de consenso para establecer los aumentos exigida por la Corte Suprema en el Fallo Cepis. “El único consenso es el de las empresas. Ni consumidores ni intendentes ni usuarios ni defensores del pueblo avalaron estas subas”.

Claudio Boada, Director de la Unión de Usuarios y Consumidores, expresó: “Tenemos que discutir esto de ‘tarifas justas y razonables’ porque para que esto ocurra los aumentos nunca pueden ser superiores al aumento del nivel de sueldo”. Además, remarcó: “Hicieron una propuesta a los productores que saben la van a rechazar y saben que les van a tener que pagar”.

Diferencias Diarias Acumuladas, la nueva vedette

La ola de devaluaciones introdujeron un nuevo término en la fórmula del precio del gas: Diferencias Diarias Acumuladas (DDA). Con los aumentos de abril, el valor dólar era de $ 20. Las distribuidoras cobraron en este tiempo las tarifas con ese valor y pagaron a las productoras con ese valor. Esa deuda de las distribuidoras con las productoras se conoce como DDA y es el eje del conflicto entre los actores principales esta novela.

Las distribuidoras, básicamente, pidieron un valor dólar fijo, una reducción en el precio de la producción de gas y que la deuda por DDA se pague en 24 cuotas, a partir de 2019. Pidieron también desde enero “un recupero en base a esas deudas”, en palabras del representante de Gas Natural BAN; es decir, que esa deuda se traslade a las tarifas el año que viene.

Gabriel Solano, dirigente del FIT-PO, explicó: “Las distribuidoras exigieron que se descargue el aumento del gas en boca de pozo -producido por la devaluación de la moneda- en los usuarios. Sin eufemismos, plantearon el traslado del costo del reconocimiento del precio de venta de gas a valores internacionales y en dólares a las productoras (a pesar de que todos los costos son en pesos) a la factura del consumidor final. Ello implicaría hasta a un precio un 200% más caro, que se sumaría al aumento acumulado desde 2016, de un 800%”.

El propio Enargas, en la presentación, expresó sobre las DDA: “Las distribuidoras llevarán la contabilidad diaria separada del precio del valor del gas comprado, incluido en sus ventas reales. Y de la diferencia entre el último valor y el de la facturación”, para trasladar a usuarios con “el mínimo costo que contemple la seguridad del abastecimiento”.