Una auditoría provincial detectó graves irregularidades en ABSA

Una auditoría provincial detectó graves irregularidades en ABSA

A los vecinos bonaerenses les gustaría entender por qué Absa, la empresa encargada del servicio de agua y cloacas en la Provincia, gastó 800 mil pesos para financiar el catering de una fiesta sindical, o por qué contrató por 273.250 pesos a una persona que hace títeres y espectáculos de circo. Quizá también quieran escuchar explicaciones sobre el pago, por parte de Absa, de 50 mil pesos para la realización del XIV Simposio Internacional de Transplante de Intestino o sobre los 54 mil pesos que “invirtió” la empresa para contar con los servicios de una experta en “coaching psicológico”.

Estas son apenas algunas de las cosas por las que ya ha pedido explicaciones el Tribunal de Cuentas bonaerense, después de haber realizado una auditoría sobre los gastos y contrataciones de Absa a lo largo del año 2015.

Los auditores detectaron un festival de aparentes irregularidades en el manejo de fondos millonarios. El resultado de la auditoría detalla contrataciones injustificadas; gastos hechos sin respaldo ni control administrativo; honorarios pagados “al voleo” por cifras llamativas y sin cumplimiento de recaudos elementales; designaciones irregulares; gastos al menos curiosos y un gigantesco desorden administrativo que da lugar a interrogantes de todo tipo. Se trata -como es sabido- de una empresa pública de la Provincia, que por supuesto maneja fondos que pertenecen, en definitiva, a los contribuyentes bonaerenses. El 90% de las acciones son del Estado provincial y el 10% restante de los trabajadores, nucleados en el sindicato de Obras Sanitarias.

Lo que se auditó fue todo el año 2015. Durante la mayor parte de ese periodo la empresa estuvo presidida por el funcionario sciolista Guillermo Scarcella. Pero el Tribunal también pide explicaciones sobre varios puntos oscuros al actual presidente de Absa, Rafaelle Sardella. ¿Podría haber alguna continuidad que lleve a presumir que no ha habido en Absa ningún cambio de fondo?

La casualidad ha hecho que la nueva conducción no venga acompañada de un cambio fonético: Se pasó de Scarcella a Sardella. Pero ya fuera de las casualidades, en el actual directorio de Absa sigue el funcionario Matías García, que fue vicepresidente de la empresa durante la gestión anterior. García era el encargado de firmar los cheques y contratos que ahora (y no antes) ha puesto bajo la lupa el Tribunal de Cuentas.

La continuidad no es sólo de nombres. En la auditoría se plantean serios interrogantes sobre las millonarias contrataciones de las empresas 5 de Septiembre y Gral Saneamiento, ambas vinculadas al sindicato de Obras Sanitarias que conduce Julio Castro. Las dos compañías tienen contratos con Absa que se renuevan periódica y automáticamente desde 2002. Bajo la nueva gestión, siguen contratadas. Son empresas en las que Absa, prácticamente, ha delegado la prestación del servicio: la 5 de Septiembre presta “asistencia técnica en la gestión operativa” de Absa. Y Gral tiene contratos para la reparación de averías en la vía pública y para nuevas conexiones.

EN LOS DOS LADOS DEL MOSTRADOR

Sobre el vínculo con Gral, la auditoría del Tribunal de Cuentas repara en una aparente incompatibilidad en la que aparecerían los mismos actores de los dos lados del mostrador. Dice que los contratos entre Absa y Gral (todos por cifras multimillonarias) han sido confeccionados por un estudio jurídico al que Absa contrataba como “asesor jurídico externo”. Es el estudio “Caiella, Salinas y Asociados”, representado por el abogado Marcelo Salinas. “Uno de los socios de ese estudio (el propio Salinas) revestía, al mismo tiempo, el carácter de representante de Gral Saneamiento S.A., siendo en la actualidad su presidente”, dice el informe del Tribunal de Cuentas.

En limpio: Absa contrataba al estudio del abogado Salinas para que preparara los contratos con la empresa presidida por el abogado Salinas, que de esa forma cobraba dos veces en las ventanillas de Absa.

Sobre la 5 de Septiembre, la auditoría destaca que “la contratación (de esa firma manejada por el sindicato) ha sido efectuada bajo la figura de contratación directa. En ningún caso -subraya- se abrió a licitación o concurso de precios por los distintos servicios contratados desde la creación de Absa S.A."

Dice algo más: “la fundamentación para hacer con la 5 de Septiembre un ‘contrato de asistencia` se basó, al principio, en la urgencia y la falta de capacidad transitoria de Absa S.A. para responder al servicio en momentos iniciales del otorgamiento de la concesión, por no contar con una estructura para hacerlo en los tiempos que el servicio demandaba. Esa circunstancia no se verifica en la actualidad. El objeto del contrato de asistencia resulta impreciso y comprende un conjunto de actividades, tareas y trabajos por los cuales se pagan honorarios suplementarios, por fuera de la contraprestación ya estipulada en el 1,9 por ciento de la recaudación neta de Absa S.A.”

El sindicato también está de los dos lados del mostrador: integra el directorio de Absa y maneja la empresa contratada por Absa.

CONTRATOS PARA TODOS

En materia de contrataciones de personal, la auditoría detectó irregularidades varias. Confeccionó un extenso listado de personas con “incompatibilidad laboral”, porque cobraban en Absa (al menos en el periodo auditado) y al mismo tiempo lo hacían en otras reparticiones públicas de la Provincia; algo que está prohibido.

Cuando examinaron el patrimonio de Absa, los auditores también encontraron inconsistencias y desprolijidades de todo calibre. Destacan, por ejemplo, que la empresa presentó ante el Tribunal una planilla con el detalle de 39 vehículos que fueron dados de alta en el 2015 y cuyo valor de origen es igual a cero peso para todos los casos. Además, no encontraron inventario de los bienes de la compañía estatal.

Al revisar el pago de honorarios por contratación de obras y servicios, observaron “ausencia de razonabilidad” y “falta de constancias del cumplimiento de los contratos y de la prestación de los servicios”.

En el informe de auditoría se destaca que “el objeto explicitado en los contratos resulta impreciso, difuso y de un carácter tan amplio que no permite establecer o definir tareas, actividades, ámbitos de ejecución, resultados o productos esperados y, consecuentemente, impiden o al menos dificultan la medición y el control del cumplimiento de los términos del contrato. A eso se suma que, en muchos casos, no surge de los contratos la calificación profesional del sujeto contratado, el oficio, rubro o actividad que desarrolla, etc. Tampoco se señala ni fundamenta la finalidad o necesidad de la contratación. Y se verifican casos en los cuales se infiere la contratación de servicios que colisionan o se superponen con las actividades y servicios cuya responsabilidad de prestación recae en el gestor operativo o en el personal en relación de dependencia de Absa”.

Traducido a un lenguaje menos burocrático, lo que dicen los auditores es que Absa contrataba cualquier cosa, a cualquier precio y de cualquier modo, sin cuidar ni siquiera las formas. Y que hubo (al menos en el periodo examinado) un festival descontrolado de contratos pagados con recursos públicos. Hasta detectaron casos de pago de honorarios sin respaldo contractual. Le pagaban a gente que ni siquiera habían contratado.

En el listado de contratos observados, los objetos de contratación son de lo más variados. En su mayoría, es para tareas de “asesoramiento” al directorio.

Cuando analizaron las facturas, vieron que “en muchos casos no se indica la actividad del locador y tampoco se detalla el tipo de servicio prestado o actividades desarrolladas; sólo se señala ‘honorarios correspondientes al mes...’ En varios locadores se verifica también baja numeración y correlatividad en las facturas emitidas a Absa”.

El Tribunal sospecha que puede haber habido facturas “dibujadas”.

El tema tiene un triste antecedente en Absa. La Justicia había descubierto -casi por casualidad- que entre 2005 y 2007 la empresa de agua había pagado facturas por más de 230.000 pesos en concepto de “honorarios por estudios y asesoramientos varios”. Resulta que la persona que aparecía como emisor de las facturas trabajaba como pizzero y nunca había cobrado un peso de Absa ni se había enterado que aparecía facturándole a esa empresa.

El caso, que terminó en un juicio y tuvo repercusión en su momento, no habría servido -según se desprende de la auditoría que se conoce ahora- para ajustar mecanismos de control ni adoptar recaudos de ningún tipo en la administración de Absa. Por los montos, sin embargo, lo del pizzero resultaba casi insignificante en comparación con algunos de los contratos puestos ahora bajo la lupa.

CURSOS CAROS

Uno de los tantos pagos sobre los cuales el Tribunal de Cuentas ha pedido explicaciones es el que se hizo (por 164.000 pesos) para pagar supuestos cursos de capacitación para el personal de Absa. El aporte de esa suma lo hizo la empresa en el marco de un “convenio de capacitación entre Absa, el sindicato de Obras Sanitarias, la 5 de Septiembre y la Fundación ICEFE”. ¿Dónde se hicieron los cursos de capacitación; cuándo; quiénes los dictaron; qué contenidos desarrollaron; cuántas horas de clase se dictaron; quiénes recibieron certificados de asistencia? ¿Cuáles fueron las obligaciones a cargo de cada uno de los actores intervinientes (Absa, sindicato, 5 de Septiembre, ICEFE)? Estas son las preguntas que hace el Tribunal de Cuentas, porque no está claro qué destino se le dio a esa plata.

Un capítulo aparte es el de las “colaboraciones”. Dicen los auditores que “durante el ejercicio 2015 el directorio de Absa aprobó aportes o colaboraciones económicas, algunas de las cuales no presentan a priori una vinculación con el objeto, misiones y funciones de Absa y no consta fundamentación ni justificación, más allá del requerimiento puntual de miembros del directorio o del secretario general del gremio SOSBA”. Dicen, en definitiva, que los directores pedían (y el directorio aprobaba) aportes económicos para cualquier cosa.

Pusieron, por ejemplo, 20 mil pesos para financiar un viaje a República Dominicana de cinco alumnos y dos docentes que participarían de la Conferencia Internacional de las Américas. Pertenecían a la escuela secundaria nº 23 del partido de San Miguel.

Con colegios de San Miguel, Absa exhibió un cariño singular. También aportó 50.000 pesos a la Escuela Nº 3 y Normal Superior de ese distrito, “para realizar actividades académicas dentro de sus comunidades educativas”.

Todo es poco frente al aporte -ya mencionado- de 800.000 pesos para pagar la fiesta del empleado sanitario. Sobre ese desembolso, el Tribunal de Cuentas pide que “se brinde un detalle del presupuesto utilizado para determinar la colaboración para la fiesta del Sindicato y también que se aporten copias certificadas de los comprobantes por los gastos de catering y artículos adquiridos para sorteo”. También pide que se informe la fecha y el lugar de realización de la fiesta, así como la cantidad de asistentes.

El Tribunal también pide explicaciones sobre los 50.000 pesos con los que colaboró Absa para el Simposio de Transplante de Intestino.

COACHING PSICOLOGICO

La contratación de una experta en “coaching psicológico” (una terapia de moda en la farándula) también llamó la atención del Tribunal de Cuentas. Implicó, en el 2015, un compromiso de 54.000 pesos por parte de Absa. Los auditores observaron “ausencia de un pedido fundado en el que se justifique la necesidad del servicio contratado, se explicite la contribución o beneficios que se pretenden alcanzar, se identifiquen los beneficiarios, la cantidad de participantes y la carga horaria del curso, a fin de contar con elementos que permitan mensurar la razonabilidad del gasto”. La contratación se hizo bajo la figura de “compra automática”, un encuadre que parece desentonar con el “coaching psicológico”.

Cuando analizan la contratación (por 273.000 pesos) de una persona que se dedica a espectáculos de títeres y circo, el Tribunal pide también una serie de precisiones para evaluar el destino de esa plata. Dice que los servicios contratados consistían en la realización de espectáculos del programa Planeta Agua, destinado a generar conciencia entre los espectadores sobre el valor y cuidado de los servicios sanitarios. Detallan que fue acordado un número de funciones “pero no existe documentación que acredite la efectiva prestación del servicio y no se especifica (en ningún lado) los lugares, fechas, horarios, tipo de evento, entre otros datos necesarios para precisar la programación de los espectáculos y constatar la prestación”.

Ahora, los responsables de la administración de Absa durante el periodo auditado deben presentar sus decargos ante el Tribunal de Cuentas.

Romina Balsa espera levantarse y que en su casa de Los Hornos salga agua suficiente para ducharse. Horacio Limo espera que alguna vez Absa invierta en la extensión de la red, para que las cloacas lleguen a Hernández. Como ellos, cientos de miles de clientes cautivos de Absa siguen esperando una administración transparente, razonable y eficaz, donde las inversiones vayan a donde tienen que ir.

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