Se avecina un acuerdo de ley social laboral, para la contratación de mano de obra local

Se avecina un acuerdo de ley social laboral, para la contratación de mano de obra local
El Secretario Gremial de la UTHGRA Bariloche Ovidio Zúñiga informó que se está arribando a un acuerdo con todos los sectores privados, públicos y sindicales, para obtener un mecanismo con fuerza de ley que determine la obligatoriedad de contratar a los trabajadores con residencia en Bariloche. Se terminaría de definir antes del 15 de abril.

Este avance se alcanzó en un encuentro mantenido días atrás, donde participaron la intendenta interina María Martini, representantes de la AHT, del Ministerio de Trabajo de Nación en Bariloche, de la Asociación Hotelera, la Cámara de Turismo, de la AEC, el propio Sindicato Gastronómico UTHGRA y el Secretario de Trabajo de Río Negro Rolando Troncoso.

A este cónclave se llegó luego de que la UTHGRA Bariloche denunciara las prácticas ilegales de trabajo en negro que se registran en la ciudad y la falta de fiscalización por parte de la Provincia al respecto. Por esa razón el gremio había pedido la intervención de la Municipalidad, del Gobernador y había alertado que de no mediar una solución, se tomarían medidas de fuerza en Semana Santa.

En este marco, se desarrolló el encuentro y se abordó la problemática del trabajo en negro, con las implicancias que genera que se deje de lado la gente de Bariloche, motivo de gran preocupación del gremio.

En esa oportunidad, las Cámaras empresariales manifestaron su rechazo a la práctica de contratar trabajadores en clandestinidad y la UTHGRA denunció que hasta el recientemente ex presidente del EMPROTUR Claudio Rocatagliatta, registra trabajadores en negro en su establecimiento alojativo, lo cual lo catalogó como “una falta gravísima”.

Sin embargo, la conclusión de esta reunión – según informó Zúñiga – fue que el gremio levantará el alerta de movilización, ya que se acordó con todos los sectores presentes un principio de acuerdo entre privados, públicos y sindicales, para obtener un mecanismo con fuerza de ley que determine la obligatoriedad de contratar a los trabajadores con residencia en Bariloche.

La aplicación de este acuerdo se definirá entre el 10 y el 15 de abril, cuando Troncoso regrese a Bariloche y se incluirá en dicho acuerdo a otros sectores, como la Cámara de Comercio. En esos dichos, podría darse la firma del acuerdo definitivo por un término de 5 años.

Asimismo, desde el próximo lunes 25 de marzo, Troncoso se comprometió a que desde la Secretaría de Trabajo rionegrina se emprenderá una campaña intensiva con cinco inspectores en la calle, con el objetivo de detectar prácticas ilegales en la contratación de trabajadores.

“Esto es muy parecido a lo que hicimos el 30 de junio de 2011 cuando resguardamos las fuentes laborales de los trabajadores gastronómicos tras la erupción del volcán, con el compromiso del sector empresario, ambos momentos son históricos para la ciudad”, entendió Ovidio Zúñiga.

El dirigente consideró que es vital que en dicho acuerdo se obligue al sector privado a cumplir con esta nueva norma y que sea la ley de Trabajo 3803 – vigente - la que funcione reguladora, porque es la establece las sanciones. “Que no sea solo un compromiso de caballeros, porque hay empresarios que se hacen los pícaros y deben ser sancionados. Además, es muy importante que los empresarios hayan entendido y reconocido que eso es competencia desleal para quienes tienen todo en blanco y declarado”, agregó Zúñiga.

En dicho encuentro, Rolando Troncoso mencionó como antecedente, la ley 8020, del principio de Paretto, que rige para las actividades petroleras, donde las empresas deben contratar del ciento por ciento de los trabajadores, por lo menos, el 80 por ciento de residentes.

Finalmente, Zuñiga se refirió a las declaraciones de Julio Acavallo, responsable del INADI en Río Negro quien había manifestado que un acuerdo de estas características sería discriminatorio. “Él dijo que esto puede violar la Constitución. Pero lo que tiene que saber es que hay empresas que usan la Constitución para violar leyes laborales, la usan de escudo y no tiene sentido”, concluyó.

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