La gobernadora busca evitar el traspaso de la empresa de agua. Logró el aval de intendentes peronistas. Estiman un gasto de 15 mil millones de pesos. En paralelo, cumbre con Peña y Dujovne.
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, resiste con una doble estrategia el traspaso a su jurisdicción y la de la Ciudad de Buenos Aires de la prestataria de agua y cloacas Aysa.
Mientras pulsea las condiciones del pase con los ministros del presidente Mauricio Macri, en reuniones casi diarias, acuerda con los intendentes del peronismo, que tienen el servicio de Aysa, una campaña de “defensa” de los recursos de la Provincia. La cruzada se extiende también a los legisladores de ambos sectores.
Este viernes, mientras compartía una reunión privada con los ministros nacionales Nicolás Dujovne (Hacienda), Rogelio Frigerio (Interior) y Marcos Peña (jefe de Gabinete) en tándem con el jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta,Vidal logró la foto de diez intendentes del PJ reunidos para resistir el traspaso.
Los jefes comunales, de perfil amigable con el gobierno de Cambiemos, se reunieron con el secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri, en la capital federal. Allí proclamaron su “defensa” de la prestataria y reclamaron “la urgente respuesta de agua y saneamiento para todos los argentinos”, según expresaron.
Participaron el vicepresidente del PJ bonaerense, Fernando Gray (Esteban Echeverría); Martín Insaurralde (Lomas), Aníbal Regueiro (Presidente Perón), Leonardo Nardini (Malvinas), Gabriel Katopodis (San Martín), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Julio Zamora (Tigre), Juan Zabaleta (Hurlingham), Andrés Watson (Varela) y Mariano Cascallares (Almirante Brown).
La idea del traspaso surgió de los gobernadores de la oposición, en el marco de la negociación que sostienen con el gobierno nacional por la aplicación del ajuste del Estado pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Rosada avala ese proyecto, aunque busca que genere el menor daño posible al territorio bonaerense, una jurisdicción imprescindible para la elección 2019. Aunque Vidal no cuestionaría abiertamente el accionar de su jefe político, maneja cierta autonomía para jugar algunas cartas. En este caso, un acuerdo con el peronismo, en el marco de un interés común.
El traspaso de Aysa podría significar a la Provincia un gasto en 2019 de aproximadamente 10 mil millones de pesos, teniendo en cuenta que el presupuesto de la empresa para el próximo año es de 15 mil millones. A esto se suman los préstamos internacionales ya contraídos con el Estado nacional, que podrían caer si se efectúa el traspaso.
Según la información institucional, en la actualidad, la empresa tiene en marcha 260 obras, tanto en la Ciudad como en los 26 municipios que componen su universo de clientes. Y se prevé una inversión regulada de mil millones de pesos por año. Son obras imprescindibles para sostener el servicio, ya que se trata de infraestructura de expansión de redes y mejora de calidad del sistema y el ambiente. El área de concesión que abarca la prestataria es de 3.304 kilómetros cuadrados en los que viven más de 13,8 millones de personas.
La movida para ponerle escollos al traspaso, iniciada por Vidal y que involucra al peronismo bonaerense, genera algunas internas en la oposición, que también quedó atravesada por intereses contrapuestos. Sucede que fue el gobernador peronista, Juan Schiaretti, quien promovió la iniciativa, alegando desigualdad en el reparto de los recursos nacionales, y tiene consenso en otros gobernadores del PJ.
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