La Bancaria hizo una denuncia penal en los tribunales federales contra Cortalezzi y funcionarios de la Caja

La ASOCIACIÓN BANCARIA, con el patrocinio de los abogados Juan Andrés Robles y José Cesar Díaz, interpuso denuncia Penal en contra del Interventor de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán, Armando Roque Cortalezzi, principal responsable de la estafa a los trabajadores, y contra aquellos funcionarios que resulten penalmente responsables por los delitos de mal cumplimiento de los deberes de funcionario público, retención indebida de aportes de la seguridad social y/o apropiación indebida de tributos. Las penas por los delitos denunciados van entre 2 y 9 años de prisión.

En la DENUNCIA presentada en el Juzgado Federal nº 1 se pide que la justicia investigue porque que dicha Entidad Financiera no hace efectivo el pago a la AFIP,  de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social y del impuesto a las ganancias que se retiene de la remuneración que perciben  los trabajadores de la Caja Popular de Ahorros. 

La maniobra que también se habría realizado durante el año 2013, consiste en la retención de los haberes de sus empleados y la posterior omisión de realizar los depósitos al Sistema de Seguridad Social Nacional. Similar metodología viene aplicando, la Caja Popular de Ahorros de la Provincia,  con el ingreso a la AFIP de las retenciones realizadas en concepto de Impuesto a las Ganancias. 

Resulta aberrante  que mientras la Asociación Bancaria acaba de concretar un PARO NACIONAL BANCARIO donde se pide  la derogación del Impuesto a las Ganancias, por la elevada incidencia que tiene dicho gravamen en los salarios de los trabajadores del sector; por el otro, conforme a la denuncia penal realizada en sede Federal, en la Caja Popular, en forma sistemática y organizada, se viene eludiendo el pago a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),  de dicho tributo descontado a los trabajadores de la Caja Popular de Ahorros. 

Ello constituye una verdadera estafa en perjuicio de los trabajadores de la Caja Popular, quienes ven disminuidos sus salarios por las retenciones efectuadas, las que luego no son ingresadas por la Caja Popular al Fisco Nacional.

El claro ejemplo lo constituye el hecho de que luego de las exitosas negociaciones salariales encarada por la Asociación Bancaria, en la planilla salarial del mes de abril, sobre 14 millones que debía abonar la Caja Popular, les retuvo a sus empleados 10 millones, abonando efectivamente únicamente el remanente de $ 4 millones.

Las conductas indicadas anteriormente, resultarían agravadas por la calidad de funcionarios públicos de sus  autores, Cortalezzi y Funcionarios  de la Caja Popular de Ahorros, quienes cometen delitos por el sentido de impunidad absoluta que impera en la provincia. 

Resulta cuando menos vergonzoso que con 67 Funcionarios con el título de Contador Público Nacional lo que le representa a la Caja Popular de Ahorros más de $ 2 millones en salarios, estos avalen, por acción u omisión, la estafa a sus propios compañeros. Entre los altos Funcionarios, Contadores se destacan: el Gerente General, Luis Gómez Salas; el Sub Gerente General, Luis Córdoba; el Gerente de Personal, Luis Germain; el Gerente de Seguros, Luis Pereyra; la Gerente de ART, Noemi Zevi; la Gerente de Créditos, Beatriz Marchese; el Gerente de Sucursales, Moisés Ponce; además de Luisa Méndez, Luis Pereyra, Mirta Perez, Victor Quintana, Alfredo Rivero, Guillermo Rivkin, Emma Sánchez, Pedro Sobrevilla, Carmen Tames de Pacheco, Alberto Terribile, entre otros.

En caso de que la investigación penal corrobore los hechos que se han puesto en conocimiento del  Fiscal Federal, se habrá   burlado al Régimen Previsional Público; la Ley Nacional  del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y  del Sistema de Seguro Nacional de Salud.

En sucesivas ampliaciones a la denuncia original, presentadas por los apoderados de la Asociación Bancaria,  se exhiben pruebas contundentes de las maniobras llevadas a cabo por la Intervención y por los Funcionarios responsables de la Caja Popular de Ahorros. Se adjuntaron elementos, entre otros: Informes de la Auditoría Externa y boletas de haberes de trabajadores de la Caja, correspondientes a los años 2013 y 2014, donde salen a luz las maniobras delictivas denunciadas.

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