Las negociaciones con los sindicatos prometen tener un capítulo parlamentario. Después de las elecciones de octubre hay dos temas que van a ser debatidos por los diputados y senadores: rebajas en las cargas laborales, que van a estar incluidas dentro de la reforma tributaria, y un blanqueo de trabajadores que hoy están en la informalidad.

Son los dos ejes principales que van a acaparar el debate entre el gobierno de Mauricio Macri y los líderes sindicales, relación que quedó fisurada después de la movilización que (aunque con grietas) la CGT realizó está semana a Plaza de Mayo.

Hay una tercera iniciativa que fuentes parlamentarias consideran que no va a llegar a ser lanzada este año: un nuevo régimen de pasantías y capacitaciones. Puede ser uno de los ejes que mayor conflictividad genere con los gremios.

El resto del paquete de la reforma laboral que impulsa el Gobierno (ver página 2) no incluye temas –según el análisis que hacen los funcionarios– que deban pasar por el Congreso. Sobre todo en lo que se refiere a los acuerdos por productividad que Macri viene firmando con diferentes gremios (el primero fue con los petroleros, con el objetivo de atraer inversiones a Vaca Muerta).

La “productividad” es el caballito de batalla con el que insisten los funcionarios y legisladores de Cambiemos cuando hablan de reformas laborales. Por eso, una de las primeras cosas que hará el Gobierno cuando pasen las elecciones del 22 de octubre es enviar al Congreso un proyecto de reforma tributaria, que hoy está guardado bajo llave. Ese paquete incluirá un capítulo referido a las cargas impositivas que trae aparejada la contratación de un trabajador. En el oficialismo insisten en que no se prevé tocar los salarios, sino que la idea es bajar “los impuestos al trabajo”, es decir, los aportes y contribuciones que los empleadores deben hacer por cada trabajador. En ese punto es de esperar que surjan los mayores niveles de resistencia dentro del mundo gremial ya que se pueden ver resentidos los ingresos de las obras sociales.

Como contrapartida, el Gobierno también tiene previsto  presentar un proyecto de blanqueo laboral. “Una especie de amnistía para resolver el problema de los 4,5 millones de trabajadores en negro que hay en el país”, explica una de las espadas legislativas de Cambiemos. Este punto no genera conflictividad con los gremios, ya que en este caso se pueden ver beneficiados. El blanqueo no sólo tiene previsto redundar en un aumento paulatino de la recaudación, sobre todo de la Anses, sino que también generaría beneficios en los aportes a los sindicatos y las obras sociales.

Estos debates, de todas formas, se terminarán dando después de otros temas económicos como el Presupuesto 2018, la ley de responsabilidad fiscal y la renovación de impuestos como el del cheque.

Oficializan al vice de Salud

El Gobierno oficializó ayer la designación de David Aruachan como viceministro de Salud, cargo que fue puesto en duda esta semana por sus vínculos con sectores del sindicalismo, sobre todo luego de los despidos de Ezequiel Sabor (vice de Trabajo) y Luis Scervino (superintendente de Servicios de Salud).

Ayer, se publicó en el Boletín Oficial el decreto que designa a Aruachan como secretario de Operaciones y Estrategias de Atención en la cartera que dirige Jorge Lemus. Había sido designado en reemplazo de Andres Scarsi, cuando éste pasó al gabinete de María Eugenia Vidal. Ayer fue oficializado.

Arauchan fue propuesto por Scervino (era su mano derecha) y tenía buen vínculo con José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias.