Al respecto, la oferta del “bono de fin de año” comtemplaría a los jubilados, un reclamo que realizó la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, a través del adjunto, Oscar Ruibal. Por su parte, José Pihen, del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), reconoció días pasados que se abrió “una puerta” en la negociación que mantienen con Manuel Calvo, el ministro de Gestión Pública de la Provincia.

Desde la UPS, Domingo Ovando, admitió que “hay negociaciones y que se estudiarán” las propuestas que parten del Ejecutivo provincial.

Por su parte, el legislador de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo de Loredo, propone otorgar un bono de fin de año a los empleados públicos de entre $ 2.000 y 

$ 3.000 y demuestra en un informe cómo se podrían obtener los recursos para cubrir el costo fiscal de la medida, a la vez que deja en evidencia que la decisión del gobernador De la Sota de atar la posibilidad de hacer efectivo el bono en cuestión a la recaudación de las arcas provinciales es un artilugio para finalmente no otorgarlo o hacerlo de modo insignificante.

Analizando los números de las finanzas de la Provincia, De Loredo afirma que no sería factible otorgar el bono si se espera una mejora en los ingresos tributarios provinciales. Sin embargo, revela que sí se puede cumplir si se contempla la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias de otros gastos no prioritarios que realiza el Gobierno provincial.

“Un claro ejemplo de esto resulta el monto destinado al Ministerio de Comunicación Pública que, para el presente año tiene un presupuesto de $ 263 millones y lleva gastado a junio $ 37 millones. De esta manera, existen $ 226 millones previstos para la segunda mitad del año que en parte pueden ser reasignados”, dijo De Loredo. 

Sostuvo que “algo similar observamos con los aportes a algunas Agencias como Turismo, Deporte, Córdoba Joven y algunas Secretarías como la de Integración Regional y Relaciones Internacionales, en la cual parte de sus gastos podrían ser reasignados”.