Con 60 telegramas de despido ya entregados, y el anuncio por parte de la empresa que en los próximos días llegarán 10 más, los empleados de la confitería Boston buscan encontrar en el apoyo del Concejo Deliberante una solución.

Es por eso que este jueves hicieron uso de la Banca 25, donde reclamaron por sus puestos de trabajo, el pago de los sueldos adeudados desde abril y el tratamiento de normativas que los protejan ante la decisión empresarial de cerrar las sucursales.

En la exposición, Alejandra Blanco, la primera despedida de la empresa la semana pasada y quien trabajó como encargada de sucursal durante 18 años, fue quien tomó la palabra en nombre de sus compañeros y habló en el recinto.

“Necesitamos que vuelvan a abrir la Boston y necesitamos el apoyo de todos ustedes”, se dirigió la mujer a los concejales al tiempo que aseguró que pedirán una audiencia con el intendente Carlos Arroyo, con el objetivo que intervenga por la continuidad laboral de los trabajadores despedidos.

“Estamos todos dispuestos a trabajar”, aseguró Blanco con el respaldo de sus compañeros que se encontraban en el lugar con banderas y carteles manifestando su reclamo.

Por su parte, Daniel Rodríguez, del bloque de Unidad Ciudadana, tomó la palabra y se solidarizó con los trabajadores de la tradicional confitería marplatense. “Falta el rol del Estado para evitar que esto suceda y defienda a los trabajadores”, aseguró el edil.

A su vez, Mercedes Morro, concejal del bloque 1País y dirigente del gremio de Gastronómicos de Mar del Plata, aseguró que “es realmente triste y desesperante no tener la solución en la mano” ante estas situaciones.

En la misma línea se pronunció el edil Santiago Bonifatti, de Sumar, al señalar que notó “algo raro” en lo sucedido en la empresa. “Ojalá no sea una maniobra para desfinanciar y echar trabajadores con muchos años”, apuntó.

El recorrido del triste final

Previo a su presentación, los empleados hicieron entrega de una carta a los concejales explicando cómo se sucedieron los hechos y cuáles fueron las irregularidades que los empresarios Juan Manuel y Pablo Lotero efectuaron y que terminaron desencadenando medidas de fuerza y 60 despedidos, sin indemnizaciones pagas hasta el momento.

Según señalan en la misiva, el grupo inversor se hizo cargo, a partir de noviembre de 2016, no solo de “la trayectoria de semejante emblema de la ciudad de Mar del Plata”, sino también “de las deudas de Tecomar S.A” y “el cuidado de casi 100 familias que pertenecieron a la empresa durante muchos años de su vida”.

A su vez, señalan que pese a los intentos por parte de los empleados de “compartir su experiencia para colaborar con el supuesto proyecto de ampliación”, del otro lado solo recibieron silencio. “Ellos siempre hicieron oídos sordos a nuestras opiniones con la soberbia que los caracteriza y poniendo al frente de la empresa a personas que no solo no saben nada de gastronomía, sino que tampoco sabían tratar al personal, logrando tener varias carpetas psiquiátricas cosa que nunca antes había pasado”, indicaron.

Si bien desde un principio notaron que “algo andaba mal”, no fue hasta que comenzaron a mover al personal a diferentes sucursales que comenzaron a encenderse las alarmas.

“Con el correr del tiempo empezaron los problemas económicos, pagando nuestros sueldos fuera de término prácticamente desde que asumieron. No estábamos para nada contentos así que recurrimos a los sindicatos para que nos den una mano ya que ellos, como siempre, no nos escuchaban”, expresaron en el escrito.

“Ejerciendo presiones sobre nosotros, lograron pagar como ellos querían, pero luego llego otro problema: ¡¡Nos quedamos sin obra social!! ¡No habían pagado casi ningún mes!”, agregaron.

Fue por ese entonces que los trabajadores aseguran haberse acercado “más que nunca” a los sindicatos, que le brindaron el asesoramiento pese a la falta de pago de los aportes correspondientes. “Hablando con los directivos de los sindicatos nos dimos cuenta que no pagaban nada. De aportes jubilatorios, ni hablar”, señalaron al tiempo que aseguraron que los empresarios también mantienen deudas con proveedores, AFIP, alquileres de sucursales, entre otros.

“Fue entonces cuando llegaba la debacle de la confitería. Cuando un empleado hacía el trabajo de dos o tres personas y dejaban a los compañeros en la calle sin darles días, total exprimían a los demás”, señalaron.

“Nos mintieron a nosotros, a los sindicatos y al Ministerio de Trabajo. Ahora quieren mentirle a la sociedad haciéndonos culpables de todo lo que le pasa a la empresa siendo ellos los grandes responsables. La toma que hemos realizado fue de forma pacifica y lo único que queremos lograr es que nos paguen los que se nos debe y cuidar nuestra fuente de trabajo. Fuente que para ellos esta vacía y nunca les interesó”, cerraron.

Según informó la secretaria adjunta del gremio de Gastronómicos, Nancy Todoroff, en la audiencia que tuvo lugar este miércoles en la sede local del Ministerio de Trabajo, los representantes de la empresa afirmaron que “habrá diez despidos más y que la plata para pagar las indemnizaciones no está“.