El Gobierno puso en marcha una estrategia para contener los reclamos salariales bajo tres premisas: enviará en marzo un proyecto para reducir el impuesto a las Ganancias, liberará fondos para obras sociales con el compromiso de auditar el destino del dinero e intentará convencer a los gremios que la inflacióntenderá a disminuir y llegarán inversiones.

El macrismo pretende que los sindicalistas moderen sus pedidos y, aunque juran que no les pondrán un techo a las paritarias de 2016, los operadores políticos de Mauricio Macri les adelantaron que observen la inflación antes de presentar sus reclamos. En el PRO creen que, efectivamente, este año el alza de precios se desacelerará y se ubicará entre un 20% y un 25%, con la expectativa de que en 2017 se ubique por debajo del 20%.

En las primeras rondas de diálogos con los principales caciques sindicales mostraron un denominador común: están preocupados por la marcha de la economía y no quieren que les marquen la cancha. Temen que las concesiones compliquen su propia interna gremial y el camino a la unidad de la CGT.

Por ello en el Ministerio de Trabajo que maneja Jorge Triaca barajan la posibilidad de una paritaria desdoblada mientras se avanza en un paquete de medidas para contener los reclamos:

Un proyecto de ley que será enviado en marzo al Congreso para modificar elImpuesto a las Ganancias. Triaca, junto a Alberto Abad (AFIP) y Alfonso Prat-Gay (Hacienda), trabajan en la iniciativa que contempla modificar los montos de las deducciones (que están desactualizados desde hace más de 10 años); las escalas y las alícuotas (pasarían a un nuevo piso de $ 30 mil). Beneficiaría de 700 mil a un millón de trabajadores que hoy pagan el impuesto. En especial impactaría a tres sectores: los gremios del transporte, los petroleros (que además están en problemas debido a la caída de los precios del crudo) y los bancarios (quienes suelen cerrar paritarias antes que el resto).Abrir la posibilidad de “sanear” las obras sociales con la entrega de fondos a cambio de auditorías. Esta política se complementará con la entrega de fondos del APE (Administración de Programas Especiales para las obras sociales), fuertemente cuestionados tras la causa por la adulteración de medicamentos que terminó con la detención de Juan José Zanola (bancarios). Para ello se armará un consejo asesor, que incluirá sindicalistas. “Vamos a terminar con las carpetas de los amigos y las avivadas”, prometen en Trabajo.La promesa de mantener el diálogo. “Hacía 12 años que no venía acá”, fue la respuesta de muchos sindicalistas al regresar al piso 13 del Ministerio de Trabajo. De allí muchos se llevaron el compromiso de no extender la personería a nuevos sindicatos opositores. Según datos del PRO, en los últimos 10 años el ex ministro Carlos Tomadaaprobó 65 personerías jurídicas de nuevos sindicatos y avaló la creación de 700 gremios de manera transitoria. “A Moyano le armó tres”, recuerdan.

Reuniones. Los principales caciques sindicales ya pasaron por las oficinas de Paseo Colón al 500 o se encontraron con los funcionarios en las sedes sindicales. Algunos prefirieron no mostrarse en despachos oficiales.

Uno de los más alarmados fue Antonio Caló, de la UOM. El líder de los metalúrgicos expresó a los funcionarios su preocupación por el impacto de la situación en Brasil: suspensiones y perspectiva de despidos. Le prometieron que habrá incentivos.

También hubo reunión reservada con Moyano, quien después dio a conocer un duro documento con un balance crítico del primer mes de Macri como Presidente. El camionero quiere tener un rol preponderante: que le anticipen las medidas que se van a tomar (sueña con ser el articulador del “pacto social”) y reclamó que no se desfinancien las obras sociales.

También Andrés Rodríguez, de los estatales (UPCN), llegó preocupado por los despidos. En el macrismo le recordaron los contratos “basura” que estaban firmados con universidades públicas en diversas áreas y le prometieron que se eliminarían “ñoquis”, pero que lo derivaron a Andrés Ibarra, el ministro de Modernización, que analiza esos casos.

Recortes en Trabajo

Ni bien llegó Jorge Triaca al Ministerio de Trabajo se encontró con una situación compleja. Al igual que la mayoría de las carteras, había áreas copadas por La Cámpora. En este caso, la Secretaría de Empleo.

De los 4.800 empleados que están designados, en el ministerio calculan que entre el 8% y el 12% no cumplen ninguna función. La mayoría de los “ñoquis” estarán en las delegaciones del Interior, donde, según creen en el Ministerio, se usó como base para solventar a la militancia local.