Ni siquiera la feria judicial logró acallar el fuerte conflicto suscitado entre el juez federal, Ricardo Bustos Fierro, y el fiscal federal, Enrique Senestrari, en la investigación por presunto fraude fiscal contra socios de Cotreco SA y empresarios vinculados. 

En pleno enero, una resolución del camarista Ignacio Vélez Funes confirmó a Bustos Fierro al frente de la invetigación y esa decisión tiene sus efectos porque el martes próximo habrá una audiencia sobre la recusación al fiscal que podría culminar en su apartamiento del caso. 

El fiscal sostiene, con diferentes presentaciones, que no hay garantías de imparcialidad por parte del juez y, además de recusarlo y pedir su apartamiento, lo denunció penalmente por presunto prevaricato en los últimos días de diciembre. Esa demanda recayó en la Fiscalía Federal 3, a cargo de Graciela López de Filoñuk. 

La tensión debe ser interpretada desde la perspectiva de las definiciones que se van a producir en breve sobre quién será el fiscal que mantenga la acción penal en el expediente: si continuará siendo Senestrari o pasará a algunos de sus colegas, Gustavo Vidal Lascano o López de Filoñuk. 

El próximo martes, 4 de febrero, el juez Bustos Fierro presidirá la audiencia para analizar todas las recusaciones que presentaron defensores de los imputados, a las que decidió acumular, aunque tienen fundamentaciones diferentes. Inmediatamente  resolverá si aparta al fiscal Senestrari. Es posible que no se agoten todas las exposiciones de las partes en una sola jornada, máxime si se tiene en cuenta que el Juzgado Federal 1 estará de turno. 

De no resolver el mismo martes, al día siguiente o en fecha no lejana, Bustos Fierro estará en condiciones de decidir quién continuará investigando a los empresarios de Cotreco. En caso de que Senestrari  sea apartado, la causa pasará a otro fiscal. 

Sin embargo, él continuará al frente de las investigaciones a los gremialistas del Surrbac -Mauricio Saillén y Pascual Catrambone a la cabeza- y del expediente abierto por presuntas irregularidades en Crese (Córdoba Recicla Sociedad del Estado), en el que no hay imputados, por el momento. 

Ya Bustos Fierro negó la posibilidad de acumular las tres investigaciones por considerar que se encuentran en diferentes etapas y en particular, en la última, no hay promoción de acción penal. 

Si bien cada una tiene sus propias características, todas tienen que ver con el negocio de la basura en la ciudad de Córdoba. 

Uno de los abogados que  participa en la causa Cotreco, señaló a este medio que ellos no ven ningún motivo de peso para que las tres causas se unifiquen. 

Bustos Fierro confirmado. En enero, el vocal de la Cámara Federal de Apelaciones, Ignacio Vélez Funes, habilitó la feria para analizar los cuestionamientos de Senestrari a Bustos Fierro y confirmó la continuidad del juez al frente de la causa Cotreco. 

Las razones que había invocado el fiscal fueron su “temor de parcialidad” del magistrado y una “clara animadversión” –así la describió-hacia él que se hizo palpable a partir del apartamiento del juez en la causa CBI. 

Los hechos que abonarían ese temor son: una denuncia penal que Bustos Fierro presentó en 2018 en su contra y cuyo trámite no ha mostrado avances en la Fiscalía Federal 2, de Gustavo Vidal Lascano. Y también la denuncia que el propio Senestrari presentó el 30 de diciembre pasado con¬tra el juez por presunto prevaricato. 

El camarista Vélez Funes analizó resoluciones adoptadas en los últimos meses por sus colegas de la Cámara en la causa Cotreco y antecedentes de las tensiones que protagonizaron Bustos Fierro y Senestrari en otros expedientes.

Llegó a la conclusión de que los planteos –tal como los hizo Senestrari en esta ocasión- “eran cosa juzgada” porque ya habían sido resueltos por dos de sus colegas de la Cámara. Advirtió que “las denuncias penales por sí solas carecen de aptitud e idoneidad con efectos para desplazar a los jueces naturales de las causas”. Y que las sospechas sobre presuntas irregularidades y arbitrariedades en la actuación del juez “no encuentran fundamento probatorio objetivo y acreditado hoy”. 

Fuentes de los tribunales federales comentaron a PERFIL CORDOBA que Vélez Funes meditó cada palabra que incluyó en su resolutorio, incluida la mención a un ágape oficial del que fue testigo y en el que vio la estrecha relación entre uno de los defensores que participan en el expediente y un funcionario del Juzgado Federal 1.