Caja Complementaria Docente reclama $ 40 millones a la Provincia

Es por aportes previsionales en escuelas públicas adeudados en los últimos 10 años.
En los próximos días, la Caja Complementaria Previsional para la Actividad Docente demandará a la Provincia de Córdoba por la deuda de los aportes previsionales de los docentes de escuelas estatales en los últimos 10 años.

El juicio será uno más de los iniciados por la Caja a las provincias que no cumplieron con los aportes, después de que las escuelas fueran transferidas de la Nación a las jurisdicciones locales, en 1995.

“La Provincia adeuda a la Caja 40 millones de pesos por los aportes no efectuados en la última década”, confirmó Sara García, consejera por Amet (sindicato de los docentes de educación técnica) en la Caja Complementaria.

La Caja accionará judicialmente antes de que prescriban los certificados de deuda emitidos años atrás, bajo el trámite número P-690310001-307. Desde el Ministerio de Educación de la Provincia, indicaron que desconocían la situación, que dichos aportes no correspondían desde el traspaso de las escuelas y que llevarán la inquietud al Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros de todo el país. Tampoco fue posible obtener información por parte de la Fiscalía de Estado, pese a los insistentes llamados.

Las deudas se acumulan en gran parte de las provincias. García precisó que en El Chaco la Justicia ordenó la retención de la coparticipación federal para garantizar el pago de la deuda, y que la provincia de Buenos Aires -que adeuda 200 millones de pesos- acordó un primer pago de dos millones. Jujuy y Santiago del Estero, por su parte, también abonan en cuotas.

En los colegios privados de Córdoba, en tanto, la deuda suma unos 20 millones de pesos. Hay unos 80 juicios iniciados a instituciones católicas y laicas, en distintas instancias judiciales. Y hay 30 sentencias firmes, por cuatro millones de pesos. El 21 por ciento de los colegios privados de Córdoba afronta un juicio de este tipo.

El Consejo de Educación Católica mostró su preocupación por la posibilidad de que algunos de sus colegios se vean obligados a cerrar, acosados por los juicios. A algunos se les reclaman hasta 600 mil pesos. Los obispados de Villa María y San Francisco y el Arzobispado de Córdoba podrían ser alcanzados por las demandas, ya que se los considera “propietarios” de los colegios confesionales.

La cuestión es que lo que la Caja estima como una deuda, la Provincia y los representantes legales de los colegios privados lo consideran un reclamo que no corresponde, ya que las instituciones fueron transferidas a las provincias y sus docentes aportan a la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

Preocupación. “Estamos preocupados por el riesgo de que algunas escuelas tengan que cerrar. No hay condiciones para sostener esos juicios, con todo lo que implica”, aseguró Guillermo Buitrago, de la Junta de Educación Católica de la Arquidiócesis de Córdoba.

La Caja es integrada por representantes del Ministerio de Educación de la Nación y de los principales gremios docentes (Sadop, Ctera, UDA y Amet) y administra un plus jubilatorio que reciben los docentes nacionales, aunque la situación se empantanó después de la transferencia, en la década de 1990.

El convenio de traspaso de las escuelas de una jurisdicción a otra generó diversas lecturas. Mientras en Córdoba se interpretó que los docentes podían aportar a la Caja de manera “voluntaria”, para el organismo nacional las escuelas debían continuar reteniendo el 4,5 por ciento del sueldo de manera obligatoria para destinarlo a la Caja Complementaria.

Desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), aliada de Ctera, indicaron que Córdoba especificó en el acuerdo de transferencia que el aporte nacional sería a voluntad del agente.

Sin embargo, desde la Caja aseguran que el texto no es tan claro. Desde entonces, ni la Provincia de Córdoba ni los representantes legales de los colegios continuaron realizando los aportes a los docentes que se incorporaban a las escuelas transferidas.

Tanto la UEPC como el Consejo de Educación Católica aseguran que no hay razones para realizar aportes a la Caja Complementaria ya que ésta nació como un complemento de la jubilación.

“Las nuevas leyes de educación garantizan el 82 por ciento móvil. En Córdoba se aporta el 18 por ciento a la Caja provincial y si se suma el 4,5 por ciento se llega a más del 22 por ciento. Es confiscatorio”, planteó Buitrago, que aseguró que la solución es política y que busca proteger los salarios de los docentes en actividad.

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