La Cámara de Garantías de Azul confirmó la sentencia por la ocupación de Smata

El abogado del gremio, Juan Claudio Morel, dijo que recibieron la notificación de la Justicia sobre la confirmación del fallo en primera instancia, que dispuso el desalojo de las casas. Para el letrado, el dictamen “está marcando una tendencia” y resaltó que no se apurarán los tiempos.
Juan Claudio Morel, asesor legal del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor –Smata-, comandado por César Trapote, anticipó ayer que la Cámara de Garantías de Azul confirmó el fallo dictado en primera instancia por la jueza de Garantías, Stella Maris Aracil, en relación al desalojo del barrio.

En el fallo, que luego fue apelado por el defensor oficial de las familias del barrio, la jueza de Garantías resolvió favorablemente una petición de un particular haciendo lugar al requerimiento de devolución de los inmuebles.

Ayer, el letrado indicó a El Eco de Tandil que recibieron la notificación de la causa, que “fundamentalmente ordena la reprogramación de la agenda del fallo anterior, que se confirma, para establecer el orden del desalojo, que en realidad es un lanzamiento”, y que tenía como fecha inicial el mes en curso.

Mientras tanto, siguen adelante las tareas de construcción de las viviendas industrializadas a las que se mudarán quienes mantienen ocupadas las casas.

La sentencia en primera instancia fue “confirmada en su totalidad”, remarcó, en tanto que evaluó que la “reprogramación va a llevar un tiempo”, dado que “ahora vienen las notificaciones, que tienen un plazo para ser consentidas”. Por eso, estimó que “en dos o tres semanas” se podría efectuar el nuevo programa.

En cuanto al acuerdo alcanzado entre la Provincia, Nación y Municipio para que las familias abandonen las viviendas, expuso que “he hablado con Trapote y él tiene la mejor predisposición para evitar algo que sea desagradable para todos”.

“Marca una

tendencia”

Durante la entrevista, Morel consideró que el dictamen “está marcando una tendencia. Es muy importante porque se está defendiendo el derecho de propiedad. El fallo de la Cámara dice que el acceso a una vivienda digna efectivamente es un derecho constitucional, pero tiene que ocurrir por la vía que corresponde”.

“Ahora hay que esperar que termine el expediente, que se puedan efectuar las notificaciones de rigor y que queden los plazos consentidos”, remarcó el profesional.

Por otro lado, detalló que el fallo “estima que no hay derechos de incidencia colectiva en juego”, y también que “el acceso a una vivienda digna es un tema de la praxis política, en el más alto sentido, el de gerenciar los bienes de los demás, de trabajar para la cosa pública”. En tal sentido, ahondó en la cuestión: “El derecho a que el Estado provea al ciudadano para evitar la defensa propia, individual. El Estado es el que monopoliza la fuerza pública y de alguna manera es el Poder Judicial el que evita el conflicto entre los ciudadanos. Lo más importante acá es que sea la Justicia que dé legitimidad a los derechos de quienes tienen derechos”.

Morel apuntó que “la última barrera en contra del atropello, de la prepotencia, de quienes no tienen derechos, que tiene el Estado de derecho es el Poder Judicial. Si los jueces no dan fallos como éstos, si no dicen a quién le corresponde cada cosa, lo que queda es la venganza privada o la supervivencia del más apto”.

“Acá hay un Poder Judicial que le ha dado legitimidad al reclamo de una de las partes. Claro que es difícil, porque es un reclamo de gente que ha pagado peso por peso y de otros que no tienen vivienda”, concluyó el abogado

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