Un importante sector productivo de nuestra Ciudad cuestionó el impulso del oficialismo de la nueva ordenanza fiscal e impositiva, ya observada y objetada días atrás por bloques opositores.

En este caso, la Cámara de Puertos Privados Comerciales también rechazó varios artículos contemplados en el Proyecto de dicha ordenanza, “que no solo incrementan excesivamente la presión fiscal sobre el sector sino que también violentan la jurisdicción federal” comentaron.

En una nota presentada a la presidencia del Concejo Deliberante, al Ministro de Transporte de la Nación y a todos los presidentes de Bloque partidarios, rechazó los artículos del Proyecto que según su criterio “no solo son notoriamente inconstitucionales sino también por el desmedido incremento de algunas alícuotas que dificultará enormemente su cumplimiento, poniendo en peligro la continuidad de la actividad portuaria”.

Los artículos objetados por la Cámara por “afectar a los puertos privados, los buques y a los transportes terrestres en el área portuaria” son los contemplados en los Capítulos XX y XXVIII de la Ordenanza Fiscal y en el Capítulo V de la Impositiva "a partir de los cuales se vuelve a insistir en tributos que ya habían sido receptados en la Ordenanza del año 2017 y que finalmente nunca fueron aplicados por decisión del propio Ejecutivo por cuanto –afirmó- “luego privó la razón y el Ejecutivo nunca las aplicó”.

La Cámara portuaria calificó como “desafortunada” a la iniciativa, y cuestionó la determinación de “volver a poner sobre el tapete tributos de dudosa legitimidad en las circunstancias extremadamente críticas por las que atraviesa el país que imponen, más que nunca, la obligación de preservar y potenciar aquellas actividades económicas que -como es el caso de la actividad portuaria- en su desempeño, se han demostrado exitosas para preservar las fuentes de trabajo, favorecer y acompañar el crecimiento de nuestro Comercio Internacional, base principal de generación de los recursos económicos de la Nación, de la Provincia y obviamente de la propia Municipalidad”.

En este sentido, opinaron que “no se conseguirá tal crecimiento con la aplicación de tasas, a troche y moche, ni con el incremento excesivo de las ya existentes”, afirmó la Cámara en otra parte de su presentación.

“Resulta llamativo que mientras en el enunciado del Proyecto en trato se pregona la decisión de aplicar políticas públicas tendientes a reducir la presión tributaria de manera responsable y que las modificaciones e incorporaciones allí propuestas están orientadas a fomentar la actividad económica para motorizar la generación de empleo genuino, por otro lado se incremente desproporcionadamente la tasa por inspección de seguridad e higiene y vuelvan a incorporarse tributos que no solo agreden leyes federales –y por ende son inconstitucionales- sino que en modo alguno están en consonancia con los postulados progresistas del espíritu que se manifiesta en la resolución”, concluyeron.