La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) ratificó u respaldo a las recientes medidas oficiales destinadas a transparentar y reducir los costos portuarios que afectan las exportaciones e importaciones de la Argentina, especialmente por los estratégicos puertos en vías fluviales del país debido a su posición geográfica y la necesaria demanda de servicios de prácticos.

La entidad destacó que las gestiones impulsadas por el Ministro de Transporte de la Nación y la Subsecretaría de Vías Navegables posibilitaron la reducción en las tarifas de remolque, lanchas de amarre, estiba, sanidad marítima y peaje en Bahía Blanca, entre otras acciones.

En ese sentido, desde la cámara señalan que resultó significativo el acuerdo alcanzado con el titular de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, Herme Juárez, para facilitar la competencia en los puertos de Rosario Norte desde donde se exporta el 80% de los productos agroindustriales de la Argentina, lo que redundará en más empleos ante una pronosticada expansión de las cosechas en los próximos años.

“Es definitivamente crucial que todos los argentinos comprendamos que reducir los costos portuarios significa evitar perder mercados de exportación y encarecer los bienes importados, porque todo eso conlleva pérdidas de empleos en todo el país y menos crecimiento económico a favor de un pequeño grupo de intermediarios que agrega poco valor,” señaló Luis Zubizarreta, presidente de la CPPC.

Un motivo de preocupación sectorial es el elevado costo del denominado “practicaje” (tareas que realiza personal habilitado para asesorar al capitán en navegación, maniobras y reglamentación, a bordo de los buques), que representa casi la mitad del costo total de la carga en el Río de la Plata, Río Paraná y los puertos de Rosario Norte, equivalentes a más de 100 mil dólares por buque (es decir, tres dólares por tonelada) y a casi 250 millones de dólares durante 2016 sólo en esa región.

Adicionalmente, a la tarifa básica se le han agregado rubros sin aparente contraprestación, desde la desregulación del servicio en 1991, tales como “gasto de posicionamiento según el calado” o “navegación continua”, mientras que está pendiente una rebaja comprometida en diciembre del año pasado.

Finalmente, esos sobrecostos, que producen la pérdida de competitividad del país en el mercado mundial, terminan por afectar la producción de granos y su consecuente exportación ya que recaen en los productores agropecuarios y los exportadores, sectores que contratan a las agencias marítimas que concluyen por abonarlos.