Los cambios en la ley de riesgos de trabajo que el presidente Mauricio Macri decidió apurar y sacar por decreto se proponen como principal objetivo reducir el número de juicios que tiene el sistema. La elevada conflictividad incrementa, por un lado, el costo del seguro que pagan las empresas empleadoras y, por otro, va dañando la solvencia de las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART).

El decreto 54/2017 impone un paso administrativo obligatorio previo a un juicio y mejora las prestaciones en dinero que cobran quienes sufren alguna incapacidad por un accidente o enfermedad laboral.

Respecto del primer punto, se determina que todo trabajador deberá pasar, junto con un abogado que lo patrocine, por la comisión médica jurisdiccional, para que allí se analice su caso y se determine si éste tiene carácter laboral, cuál es el grado de incapacidad y de cuánto es la prestación a la que accedería (en función de lo ya previsto por una tabla). Una vez terminado ese trámite, la persona -en caso de no estar de acuerdo con lo resuelto por los médicos- podrá ir a un juicio laboral. Éste deberá iniciarse en la misma jurisdicción a la que corresponde la comisión médica. El decreto también establece que esa comisión puede ser elegida en función del domicilio del empleado o del lugar de trabajo.

Este último dato no es menor para las aseguradoras, ya que en los últimos años creció con más fuerza el número de litigios en la Capital Federal, donde los montos involucrados en las sentencias de los juicios laborales se actualizan a una tasa muy superior a la usada, por ejemplo, por los jueces que actúan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y los litigios recaen muchas veces en la ciudad por ser el lugar de residencia de la ART. Ahora, esa opción no podría ser elegida, según explicaron a LA NACION fuentes del Gobierno que intervinieron en la redacción de la nueva normativa.

Juicios en trámite

Según las estimaciones que maneja el Gobierno sobre la base de los datos de las ART, hoy hay unos 340.000 juicios en trámite que representan un pasivo contingente de alrededor de US$ 4500 millones, una cifra que crecería exponencialmente en los próximos años -según los funcionarios- si no median modificaciones. Las estadísticas de la Unión de ART muestran que sólo en 2016 ingresaron 127.503 juicios en contra de las aseguradoras, un 20% más que los iniciados en 2015, año en que el número también se había elevado en un 20% respecto de 2014.

Según el decreto, cuando un caso llega a una de las comisiones médicas (que funcionan en la órbita de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo), los profesionales tendrán 60 días hábiles para expedirse.

Al rechazarse lo dictaminado por la comisión para ir a un juicio, el pago de prestaciones a cargo de la ART quedará suspendida, según explicó Roy Humphreys, CEO de la aseguradora Experta. "Además, para quien opta por cobrar lo que se dispone por la vía administrativa, eso ya tiene valor de cosa juzgada", agregó.

Mejor indemnización

El directivo agregó que, por otro artículo del decreto, habrá una mejora en la indemnización que le corresponde a un trabajador con incapacidad. A partir de ahora, los salarios de los 12 meses que son considerados en la fórmula de cálculo, se actualizarán según la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Y además, se dispuso la aplicación de intereses por el monto acumulado entre el momento del accidente y la fecha de pago.

Fuentes del Gobierno estimaron que esas modificaciones repercutirán en una mejora del 45% de los montos de las prestaciones.

Los cambios referidos al cálculo de las prestaciones regirán a partir de los casos que sean denunciados a la ART a partir de hoy mismo.

Las modificaciones en el procedimiento de las comisiones médicas, en cambio, no serán inmediatas. El decreto otorga plazo hasta el 28 de febrero para la reglamentación, con lo cual las disposiciones deberían empezar a regir no más allá del 1° de marzo. Sin embargo, ese plazo se cumplirá para la ciudad de Buenos Aires. En el resto de las jurisdicciones, las legislaturas deberán aprobar previamente su adhesión a los cambios al sistema.

La Unión de ART, que reúne a 16 aseguradoras, emitió un comunicado en el que señala que lo establecido "refleja el acuerdo de un vasto número de actores sociales: empleadores, trabajadores, provincias, legisladores y sectores de la Justicia, entre otros". Para ellas, el aumento de la litigiosidad "no guarda relación con la baja en los accidentes y fallecimientos, ni con el aumento de las actividad de prevención ni con las mejoras prestacionales".

Los rasgos del problema y de las disposiciones139

Juicios por cada 10.000 trabajadores asegurados

Fue la frecuencia de litigios iniciados durante 2016; el año previo esa tasa había sido de 117 casos por 10.000 y en 2011, de 75. Hoy el sistema tiene 9,8 millones de personas aseguradas

4500

Millones de dólares en pasivos contingentes

Es el costo que podrían significarle al sistema de riesgos del trabajo los alrededor de 340.000 juicios en trámite, según estiman en el Gobierno

Problema de vieja data

El sistema de riesgos laborales de la ley 24.557 rige desde julio de 1996; durante años hubo una alta y creciente litigiosidad principalmente contra las empresas empleadoras; ese problema se alivió tras una reforma legal en 2012, pero luego empezó a haber más litigios contra las ART

Crecimiento constante

La cantidad de demandas judiciales ingresadas en 2016 duplicó al número de casos iniciados en 2012, es decir, cuando se le hicieron los últimos cambios normativos al sistema. En aquel año fueron 64.093 casos, en tanto que el último año las nuevas demandas fueron 127.503

Instancia obligatoria

Como gran parte de los litigios tienen que ver con la determinación y el pago por incapacidades, la reforma dispuesta por el decreto de necesidad y urgencia dispone que, previo a un juicio, todos los casos deberán ser analizados por una comisión médica que actúe en forma jurisdiccional

Las comisiones

Hoy existen 35 comisiones médicas en el país y una comisión central (a la cual podría llegar un pedido de revisión de casos); el decreto dispone que sus decisiones agotarán la instancia administrativa de los trámites y que los peritos médicos oficiales que intervengan deberán integrar el cuerpo médico forense

Rasgos del procedimiento

Los peritos cobrarán honorarios por su tarea y no en función de las indemnizaciones; para las incapacidades se aplicará el baremo (tabla de valores) vigente; todo el trámite será gratuito para el trabajador y si la comisión no se expide en 60 días hábiles, el trabajador podrá ir a juicio