El Sindicato de Choferes de Camiones le exigió al gobierno municipal que defina cómo se va a implementar el servicio de recolección de residuos una vez que, en agosto, termine la prórroga del contrato con la empresa prestadora del servicio, Transportes 9 de Julio.

En una nota enviada a la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense, el gremio le solicitó a la titular del organismo, Liliana Goyeneche, que cite "de forma urgente" al presidente del Ente de Obras y Servicios Urbanos (Enosur), Marcelo Artime, en virtud de que "el ente público no suministra información sobre la licitación de la recolección de residuos de la ciudad, con pronto vencimiento de la prórroga otorgada por dos años".

Sin perder tiempo, Goyeneche convocó para hoy a las partes, según anticipó a LA CAPITAL el secretario gremial de Camioneros, Juan Vargas. "No queremos que suceda lo que pasó la vez anterior, cuando hubo que trabajar sin contrato", advirtió.

Vargas se refirió así al paro y la protesta con quema de basura que realizó el sindicato a las puertas de la municipalidad en agosto de 2013, cuando concluía el contrato de concesión entre el municipio y la 9 de Julio. En ese entonces, el gremio aprovechó un retraso en el pago de haberes para lanzar una medida de fuerza cuya intención de fondo era que se prorrogara el contrato y, con ello, se asegurara la continuidad de los 600 trabajadores que emplea la concesionaria.

El conflicto culminó, en efecto, con la extensión del vínculo entre la compañía y el municipio por un año. "Tuvieron que bajar Pablo Moyano (secretario adjunto del gremio a nivel nacional), Marcelo Aparicio (gremial) y Walter Anchava (de asuntos seccionales) porque estábamos trabajando sin contrato", recordó ayer Vargas. "La gente tenía la incertidumbre sobre lo que iba a pasar, si seguía o no", agregó.

En 2014, el gobierno municipal volvió a extender el contrato por un año más, con lo que en agosto habrá utilizado los dos de prórroga que establecía como máximo el pliego de bases y condiciones de la licitación del servicio, elaborado durante la administración de Daniel Katz.

Vargas dijo que, si hace dos años "la incertidumbre estaba matando a los trabajadores" porque lo que iba a suceder "estaba en una nebulosa", ahora el panorama "es peor" debido a que no hay plazos legales para continuar el vínculo contractual más allá de una posible "prórroga de emergencia".

"Esto a los afiliados y al gremio nos tiene en alerta. Todavía no lanzaron la licitación, no sabemos cuándo van a lanzarla", dijo Vargas preocupado. Y apuntó: "Queremos estar informados para darles tranquilidad a nuestros afiliados".

Si, como en 2013, el contrato no se firma a tiempo, el problema según Vargas es que "la empresa se puede ir" cuando lo decida. "Por eso queremos que el presidente del Enosur nos diga cómo vamos a seguir de acá en adelante", indicó.

El dirigente sindical mencionó que, para poner en marcha una licitación, se necesita tiempo. Incluso recordó el objetivo del intendente Gustavo Pulti de colocar contenedores para mejorar el servicio. "Supuestamente ya compraron cierta cantidad de contenedores y la nueva empresa que gane la licitación tiene que tener camiones acondicionados para poder hacer ese servicio. Sería en el microcentro, parte del macrocentro, las avenidas y la costa. No tienen la cantidad necesaria para hacer todo, por lo que habría un servicio mixto: parte con contenedores y parte con la recolección que se está utilizando actualmente", aventuró. Y dejó entrever que esta es la clase de precisiones que esperan de Artime.

Vargas admitió su preocupación por "lo que se escucha en los pasillos" del municipio. "Algunos dicen que están esperando a que pasen las elecciones para recién licitar, por lo que trabajaríamos con el contrato vencido. Y no sabemos quién va a ser intendente y qué resolución puede llegar a tomar", deslizó.

El fantasma que merodea en el sindicato es el de la municipalización de la recolección, una experiencia que ya iniciaron Quilmes, Ituzaingó y otros distritos del conurbano bonaerense. Vargas dejó en claro que no son partidarios de la municipalización. Y ejemplificó: "En Balcarce, en las elecciones anteriores se hablaba de la recolección municipal. Hicimos una campaña, una encuesta sobre qué opinaba el frentista. Todo el mundo dijo que no quería el servicio municipal porque ya lo había tenido y fue un desastre. Dijeron que con el privado pagan pero tienen un servicio muy bueno, excelente".

Vargas dijo desconocer si en Mar del Plata se puede dar una situación análoga a la de Quilmes o Ituzaingó, pero advirtió que van a defender el trabajo de sus afiliados: "Para la separación de residuos en origen en la playa querían poner cooperativas y no lo permitimos. Logramos que ese servicio se realizara con hijos de afiliados: 22 trabajadores. Es nuestra actividad, nosotros la cuidamos".

Aseguró que en la ciudad "hay muchísimas cooperativas" que agrupan a entre "25 y 30 trabajadores". Pero "es trabajo precarizado, no tienen aseguradora de riesgos, obra social ni nada por el estilo". También recordó que "en un momento quisieron poner trabajadores municipales" a hacer actividades de camioneros. "Nos sentamos con los compañeros de municipales y entendieron".

Además de los 600 empleados de la 9 de Julio, otros 120 están bajo la órbita de la empresa de personal eventual Gestión Laboral. Son trabajadores que cubren vacaciones o accidentes de choferes o peones de recolección.

Consultado sobre lo que podría hacer la 9 de Julio cuando termine la prórroga, Vargas evitó hablar por la compañía, pero pareció dar un indicio cuando contestó: "A muchas empresas no les sirven estos contratos. Los valores que se manejan en ciertos municipios no son los mismos que en Capital Federal".