El conflicto entre los trabajadores del Instituto de Juegos y Casino y sus autoridades no cesa, pero en el camino hay un atisbo de resolución. Es que el llamado a concurso aparece como una posible salida para resolver parte de la situación de las 80 personas “a las que no se les renovó el contrato”, según el Gobierno, y que los gremios consideran “despedidas” desde hace dos meses.

La presidenta del Instituto, Josefina Canale, informó que en poco tiempo iniciarán llamados a concurso para distintas áreas y aseguró que quienes ahora perdieron su trabajo podrán participar. “Vamos a convocar y esas personas podrán concursar”, dijo, reconociendo además que esos 80 ex empleados “tendrán amplias posibilidades” de reingresar, “por la capacitación que ya han logrado”.

La noticia fue bien recibida por algunos (no todos ) gremialistas que desde hace 18 días acampan frente a la sede del Casino en protesta por estos 80 despidos.

Para el titular del sindicato del IPJC, Martín Caín, “esa podría ser una salida”, ya que a su entender, “los trabajadores podrían demostrar la idoneidad que tienen”, “ya que es gente que lleva años” . También destacó que esos empleados, que debieron dejar sus puestos en diciembre, “correrían con ventaja” en los eventuales concursos.

De todos modos, Caín sigue manteniendo firme su disidencia conceptual con Canale sobre la situación de estas personas. “Insistimos en que han sido despedidos y el Gobierno incumplió la paritaria”, enfatizó.

Similar concepto vertió el titular de ATE, Roberto Macho, aunque no aceptó la posibilidad de que esos ex trabajadores concursen. “No pueden concursar porque ellos están adentro del Estado. Los concursos se hacen para ingresar; ellos no tienen contratos de locación, son de planta temporaria”.

El problema en torno a estas 80 personas comenzó cuando, a fin de 2015, el Ejecutivo informó que no se les renovaría el contrato, que finalizaba el 31 de diciembre.

Los gremios reaccionaron de inmediato. “Ellos pasaron a cobrar con bonos, en planta temporaria”, explicó Caín, recordando que eso se logró “por la paritaria” de 2015.

Además, tanto Macho como Caín recordaron que de esa paritaria hubo “una homologación del ex gobernador Pérez”. Además, ambos resaltaron que el 30 de diciembre Cornejo “garantizó en el Boletín Oficial la estabilidad de los trabajadores”.

Desde el IPJC, tanto Canale, como el gerente general, Andrés Lombardi, han explicado que “no se trata de despidos, sino de no renovación de contratos”, precisamente “porque estaban en planta temporaria y no permanente”.

Pero además han reconocido la intención de reducir los gastos de personal, que, según un informe presentado días atrás, “creció más de 7 veces en los últimos 7 años”.

La puja no se ha detenido hasta ahora y el lunes tuvo un pico de tensión cuando Canale denunció agresiones de parte de los gremialistas al salir del Instituto.

Por otro lado, buscan que se generen vacantes para hacer los llamados. “Queremos saber quiénes son los ñoquis, por eso necesitamos que se resuelva pronto el problema y poder avanzar”, dijo la funcionaria. Los concursos “serán abiertos, permitirán a los trabajadores ingresar directamente en planta permanente y no dependerán de ningún padrino político de turno”.

La jefa del IPJC incluso adelantó que “en un mes” comenzarán los procesos, concursando el cargo de un carpintero, “porque el actual se jubila y se lo necesita”. Si bien Caín aceptó la posibilidad, pidió “que el Gobierno cumpla con el Convenio Colectivo de Trabajo” que rige en el Casino y reclamó “que se concursen las cuatro gerencias que dejaron”, en alusión a la reducción de 13 a 4 de esos cargos gerenciales.

Denuncia contra sindicalistas

Tal como había adelantado, Josefina Canale acudió a la Justicia a denunciar penalmente las agresiones recibidas el lunes pasado.

La funcionaria informó que asistió a la Oficina Fiscal N° 3, en Godoy Cruz y le presentó a fiscal Lauro Monticone una denuncia por “agresiones verbales y físicas y por amenazas”.

Lo hizo a través de un escrito en el que además acusó específicamente a los líderes gremiales Martín Caín, del SUIPJC, Roberto Macho, de ATE, Pablo Cucci, de Anusate, y también a la mujer que le habría tirado el pelo, a la que identificó como “la esposa de Macho”.

Por otro lado, Canale confirmó que también hizo la denuncia correspondiente contra el accionar del diputado Omar Parisi, (FpV), que el 2 de febrero pasado acudió al Instituto para verificar por su cuenta, como presidente de la Comisión de Juegos de la Legislatura, la fiscalización que a su entender había sido irregular.

En este caso, la figura de la que se acusó al diputado fue “violación de domicilio”.