Uno de los condicionantes para las provincias que no suscribieron el convenio será entre otras cosas "limitación en el otorgamiento de avales y garantías por parte del Gobierno y la limitación de las transferencias presupuestarias del Gobierno con destino a las jurisdicciones que no sean originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática", según reza el acuerdo.

Catamarca y Santa Cruz no participaron del conclave de ministros del país con el titular de la cartera de Hacienda nacional Nicolás Dujovne el pasado jueves, donde se selló un acuerdo con sus pares provinciales para enviar al Congreso de la Nación un nuevo proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal. Ese consenso fue alcanzado tras la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. "Llegar a un consenso nos beneficia a todos, es una muestra de que trabajando juntos podemos conseguir resultados para todos los argentinos", destacó el funcionario.

Según el proyecto, hay cinco claves. La primera indica que todas las jurisdicciones del país, o sea los firmantes, deberán mantener constante el gasto corriente primario en términos reales y el gasto primario total en el caso de las deficitarias (o con servicios de deuda superiores al 15% de los recursos corrientes).

En segundo término, el gobierno nacional y las provincias se comprometen a no aumentar la relación de cargos ocupados en el sector público existente al 31 de diciembre de 2017, respecto de la población proyectada de cada jurisdicción. Este dato será aportado no por las direcciones provinciales, sino por el Indec, según el proyecto de ley.

Tercero, se crearán Fondos Anticíclicos Fiscales. Los mismos serán constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit, y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia. Cuarto, se incorpora pautas de fin de mandato, que servirán para restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno. Quinto, no se aumentará la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento.

Por otro lado, en el nuevo articulado de la ley también se afirma que los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen el quince por ciento (15%) de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios". En caso contrario, "aquellas jurisdicciones que superen el porcentaje citado en el artículo anterior no podrán acceder a un nuevo endeudamiento".

¿Cuáles serán las sanciones para los incumplidores? La divulgación de la situación en todas las páginas web de las provincias, de la Ciudad y del Gobierno, en un apartado especial creado a tales efectos; la restricción del derecho a voto en el Consejo, la limitación en el otorgamiento de avales y garantías por parte del Gobierno y la limitación de las transferencias presupuestarias del Gobierno con destino a las jurisdicciones que no sean originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática.