"El proyecto apunta a quitar de la esfera de la Escribanía las tramitaciones que se realizan a través de esta repartición para la regularización de las escrituras traslativas de dominio, situación que vulnera el marco normativo", aseguró el subsecretario gremial de UPCN, Eduardo Bisceglia.

Hasta el momento, explicó, el trámite de inscripción de escrituras está a cargo de la Escribanía General de Gobierno "que lo hace con su propio personal en forma gratuita, atendiendo la situación social de los beneficiarios".

De formalizarse el acuerdo que aún no comenzó a operarse, subscripto por la subsecretaría de Tierras, "serán los escribanos matriculados quienes se encarguen de esas tramitaciones de regulación dominial de viviendas sociales por el que cobrarán un arancel de 700 pesos por escritura", revelaron.

Los empleados de la Escribanía General realizaron esta mañana una protesta frente a la sede de la Escribanía General –calle 11 y 49– reclamando que se anule el acuerdo y no descarta la adopción de medidas de fuerza si no se da marcha atrás con el convenio, "que vulnera el rol social que debe cumplir el Estado y deja abierta la posibilidad de que parte de este gasto deba ser asumido por los beneficiarios que en su totalidad son familias de escasos recursos".

La Escribanía de Gobierno tiene en marcha un plan trienal para la escrituración de 60.000 viviendas sociales y sus empleados aseguran que "ni siquiera se puede argumentar que se esta incurriendo en demoras porque no se tarda más de 90 días para realizar este trámite gratuito", explicaron