Choferes piden a ediles que medien en el conflicto

Choferes piden a ediles que medien en el conflicto

El cuerpo de delegados asistió ayer a la comisión de Servicios Públicos y le reclamó a los concejales que soliciten información al Ejecutivo para saber si la empresa continuará dentro del sistema. Acusan al municipio de dejarlos en un estado de precariedad “igual o peor” que en el 2001, tras la fallida licitación de Kammerath.

Un grupo de choferes de la empresa de transporte Ciudad de Córdoba participó ayer de la comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante para plantearle a los ediles la preocupación que existe por la situación financiera y jurídica de esa firma.

Mientras la Municipalidad de Córdoba aún no definió si le rubricará o no el contrato definitivo de concesión a la única prestataria que está funcionando con un permiso precario, los trabajadores aseguran que esa situación pone en riesgo la fuente de trabajo de los 850 empleados del servicio urbano. De hecho, según delegados, la firma ni siquiera cuenta con ese tipo de autorización para funcionar: “preguntamos y nos dijeron que no existe ningún acto administrativo que otorgue ese permiso precario”, señalaron.

En sintonía con lo reclamado por las propias autoridades de Ciudad de Córdoba, los trabajadores le atribuyen al municipio la responsabilidad por la baja rentabilidad que la empresa tiene a partir del nuevo esquema de servicios que -indicaron- hace que “cada vez sea más difícil para nuestra actual empleadora cumplir con las obligaciones laborales”.

Cabe recordar que el propio presidente de la empresa, Mariano Llabot, denunció “maniobras” por parte del Ejecutivo municipal para hacer caer a Ciudad de Córdoba y beneficiar a la correntina Ersa. Siguiendo esa línea, el cuerpo de delegados le pidió ayer a los concejales que se involucren en el tema y que le exijan al gobierno de Mestre una “rápida respuesta”. De no ser así, le advirtieron al radicalismo que podrían protestar colocando todos los colectivos urbanos e interurbanos (la firma también presta servicio en cuatro recorridos de corta distancia dentro del sistema interurbano) frente al Palacio 6 de Julio.

“Entendemos que solamente la constitucional facultad de control y pedidos de informes que tiene el Concejo Deliberante sobre el Ejecutivo municipal, puede aclarar las dudas y hacer desaparecer de manera definitiva la angustia e incertidumbre que hoy viven nuestras familias”, dice textualmente el petitorio presentado ayer. Tras un detallado resumen de cómo se desarrolló la licitación, en ese documento el cuerpo de delgados exige conocer información del proceso y posterior adjudicación de todo el servicio de transporte ya que, consideran, el procedimiento no gozó de la transparencia necesaria que requiere este tipo de actos. Los choferes indicaron que el nuevo sistema los deja “en estado de precariedad igual o peor que el vivido en el 2001 con el fallido intento de licitación” que llevó delante el exintendente Germán Kammerath.

En el petitorio, los choferes también dejan expresado que recurren a los concejales tras no encontrar respuestas en la secretaría de Transporte municipal y critican a la conducción del gremio de la UTA por dejarlos en “estado de indefensión” y por haber tildado al cuerpo de delegados de “defender los intereses de la empresa”. Finalmente, le piden a los ediles que citen al recinto al intendente Mestre, a los funcionarios de Transporte y a los empresarios de las cuatro prestatarias.

Qué dice la oposición

La concejala del bloque de Unión por Córdoba, Claudia Martínez, confirmó que, a partir de las inquietudes presentadas por los choferes, “vamos a armar un pedido de informes para que el Ejecutivo municipal responda punto por punto”. Pero aclaró: “Nosotros no podemos dar ningún tipo de garantía, más aún cuando la UCR muchas veces directamente archiva los proyectos o si los aprueba, el Ejecutivo nunca responde. De todas maneras, estamos trabajando en el tema porque la situación de Ciudad de Córdoba nos preocupa a todos”.

Por su parte, la edil Olga Riutort, del bloque Eva Duarte, dijo : “No se entiende que, habiendo una evaluación previa al acta de adjudicación y no existiendo la figura de permiso precario, Mestre descubra a posteriori que dicha empresa no está en condiciones de prestar el servicio”. Y agregó: “En nuestros anteriores pedidos de informes solicitamos copia de los contratos celebrados con las empresas que resultaron adjudicatarias y no fueron remitidos por el municipio”. Ambas concejalas

coincidieron en reclamarle al municipio información acerca de si se firmó el contrato con la empresa Ciudad de Córdoba; sobre cuáles son los recorridos otorgados a cada prestataria y sus modificaciones; cómo se distribuyeron los 48 millones de pesos en subsidios otorgados, en principio, a la UTE Ersa y Autobuses Santa Fe. También si las empresas Coniferal, Ersa y Autobuses Santa Fe realizaron alguna oferta de absorción del actual personal de la empresa Ciudad de Córdoba, bajo el supuesto de que la Zona 2 sea explotada por alguna de las otras concesionarias del sistema, entre otros puntos.

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