Con el argumento de una caída en la matrícula y supuestas dificultadas para el sostén de los costos las propietarias del Jardín de infantes “El país de los sueños” decidieron a fines de diciembre cerrar de manera sorpresiva la sede ubicada en Castelli entre Salta y Jujuy y despedir sin indemnización a los nueve docentes a los que también les adeudan el sueldo y el aguinaldo.

Desde la delegación Mar del Plata del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) se trabajó para lograr el cobro de los salarios y  llegar a un acuerdo que permita a los docentes ver reconocidos sus derechos. Sin embargo, el compromiso de las empleadoras María Cecilia González y Viviana Quiroga de afrontar sus obligaciones, no se hizo efectivo.

«Es muy penoso el cierre de cualquier institución y sobre todo en casos como este, conociendo la calidad del servicio que brindaba. Lamentablemente es una historia que se repite, sobre todo, en el nivel inicial. Precarización e inestabilidad para los docentes, incertidumbre para las familias que han confiado en determinado jardín, son la constante,» sostuvieron desde  SADOP.

«Los y las docentes del nivel inicial están sumamente expuestos a vivir estas situaciones. Por eso insistimos en la necesidad de mayor presencia del estado en este nivel, que también es parte del sistema educativo pero frente al cual las autoridades han mirado para otro lado. Es preciso mayor control y acompañamiento desde el inicio. Es inadmisible que estos jardines estén en manos de personas que son incapaces de afrontar las responsabilidades que implica un emprendimiento de esta naturaleza», sostuvo Adriana Donzelli, secretaria general de SADOP Mar del Plata.

Para Donzelli “es inadmisible que de la noche a la mañana decidan cerrar la institución sin pensar qué sucederá con los niños y niñas que asisten a él y en qué situación quedan los docentes, sin ninguna  indemnización. Nosotros rechazamos esa postura de decidir no pagar nada de lo que corresponde y de manera intempestiva cesar las actividades” agregó.

El sindicato ha promovido la suspensión de las habilitaciones y la creación de una mesa de trabajo para consensuar una ordenanza para el sector que reemplace la actual, de 1984.

«Necesitamos una ordenanza que esté en línea con la ley de educación nacional y la provincial, que priorice, por un lado, el derecho de los más pequeños a la educación, y por otro, el derecho de los y las docentes a trabajo digno y a la estabilidad laboral» concluyó Adriana Donzelli.Artículos Relacionados