Clásico: amenaza Moyano con demanda por fondos

Clásico: amenaza Moyano con demanda por fondos
Hugo Moyano amasa tomarse revancha del Gobierno nacional. Después del desprecio que sufrieron los sindicalistas en las nóminas de candidatos para las elecciones de octubre próximo, en la CGT comenzó a tomar forma el impulso a una demanda judicial multimillonaria contra el Ejecutivo. Se trata de 10 mil millones de pesos que, alegan los dirigentes, la administración de Cristina de Kirchner les adeuda a las obras sociales sindicales.
La idea de la presentación judicial comenzó a tomar forma a fines de marzo, cuando estaba en su apogeo la crisis que desató la llegada a la Argentina de un exhorto de la Justicia suiza en la que los fiscales de ese país pedían información acerca de procesos pendientes contra Moyano y su entorno más próximo.

En una reunión del consejo directivo de la central obrera se resolvió armar una comisión, presidida por el líder de los estatales de UPCN, Andrés Rodríguez, para estudiar la problemática de las obras sociales y analizar la viabilidad de una demanda judicial.

El reclamo pasa por más de 7.000 millones de pesos acumulados en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se integra con aportes de las obras sociales y que el Gobierno utiliza en parte para financiar los tratamientos médicos más costosos. El resto de los recursos demandados, de acuerdo con el análisis de los sindicalistas, tiene que ver con reintegros no pagados de la Administración de Programas Especiales (APE), el órgano del Ministerio de Salud que precisamente se encarga de reembolsar esas prestaciones complejas.

Al momento del primer reclamo, la sintonía en el plano político, sin embargo, se mantenía con el Gobierno. Incluso los aliados del camionero en la CGT se embarcaron en la organización de un acto multitudinario en la avenida 9 de Julio para la celebración del Día del Trabajador. Concretada esa movilización, en la que Moyano volvió a explicitar el aval sindical al oficialismo, el Gobierno pagó con una raquítica representación de los gremios en las listas del Frente para la Victoria.

En los últimos días, otra cuestión económica se sumó al malestar en el ámbito sindical. El Gobierno incumplió con el pago de $ 250 millones que había comprometido a las prestadoras de salud de los gremios. Ese monto correspondía a la segunda cuota de un total de cuatro, de igual monto, que hacia fin de año debería totalizar 1.000 millones de pesos. Los recursos saldrían del FSR y serían destinados a las obras sociales de acuerdo con criterios de cantidad de afiliados y de aportes al sistema.

Del total, la mandataria firmó a principios de año una primera cuota de $ 250 millones y para mayo se aguardaba un segundo pago, que hasta ahora no se concretó. En las áreas técnicas de Salud explicaron la demora con argumentos burocráticos, y calcularon que este mes quedaría saldado el pago. Los sindicalistas, en cambio, creen que ya no habrá forma de cumplir con el cronograma de cuotas que debía finalizar antes de las elecciones de octubre.

A partir de entonces se reactivó la idea de montar un planteo judicial. A cargo de la iniciativa quedó el abogado multipropósito Daniel Llermanos, exjuez y actual consejero en materia penal del camionero.

En las últimas semanas fueron varios los intentos del camionero por recomponer los lazos con el Ejecutivo. Tras una reunión que organizó con algunos de sus aliados en Esteban Echeverría, y que como informó este diario tuvo notables ausencias entre los principales líderes de la central obrera, hubo un amago de reunión de la que debían participar los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Economía, Amado Boudou. Apenas trascendió a los medios, el encuentro se suspendió sin fecha.

El borrador de la denuncia ya fue revisado por los cuadros técnicos de la CGT y aguarda el visto bueno final de Moyano. La duda persistente es si, una vez aprobada su presentación, quedará a cargo de la central obrera como reclamo colectivo o si será utilizada por uno o varios de los gremios más afectados por problemas financieros.

Es que el encuentro de Esteban Echeverría estuvo marcado por los faltazos de Antonio Caló (metalúrgicos), Gerardo Martínez (albañiles de UOCRA, ahora más preocupado por las denuncias que señalan un supuesto pasado como colaboracionista de la dictadura), Mario Manrique (mecánicos de SMATA), Omar Maturano (maquinistas de La Fraternidad) y Rodríguez, de UPCN, entre otros.

A ellos debe sumarse el clima de incertidumbre en torno de los hasta ahora más leales a Moyano, como Omar Viviani (taxistas), Julio Piumato (judiciales) y Juan Carlos Schmid (dragado), que en privado hicieron saber de cierto hastío respecto del camionero.

Coment� la nota