Clave para próximo gobierno: Corte discute gremio policial

Clave para próximo gobierno: Corte discute gremio policial

La Corte Suprema de Justicia abrirá hoy el debate por los pedidos de sindicalización de los policías de la provincia de Buenos Aires. Será con una audiencia pública como paso previo a la sentencia del máximo tribunal. 

 Los ministros escucharán a los representantes gremiales y a la Procuración General, que ya dictaminó en contra de la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Es un debate sensible en la Corte y que los candidatos más taquilleros a la presidencia observan con cautela.

Todavía es reciente el recuerdo de diciembre de 2013 cuando los policías de distintas jurisdicciones se amotinaron y le generaron un dolor de cabeza al Gobierno. Fue la faceta más evidente y caótica del debate que hoy se escuchará en el cuarto piso de la calle Talcahuano.

Los policías, así como los médicos o los docentes, enmarcan su actividad laboral bajo un esquema de relaciones de sujeción especial. Esto indica que ciertos derechos que son permeables a los empleados en general en el caso de los policías se ven reducidos. En los últimos diez años existe una doctrina que tiende a expandir dichas atribuciones. De ese lineamiento Ricardo Lorenzetti no se encuentra muy lejos. En cambio, Elena Highton de Nolasco estaría más cerca de la percepción de Alejandra Gils Carbó, que dictaminó contra la sindicalización. Eugenio Zaffaroni, en tanto, se ha manifestado a favor del gremialismo.

Más allá del debate teórico sobre derechos, el pragmatismo planteará la disputa en torno de si los policías pueden o no ostentar un derecho a huelga. Actualmente hay gremios policiales en el interior (como es el de Mar del Plata) que prefieren reclamar un camino intermedio que contemple la posibilidad de paritarias pero no el derecho a huelga.

Juan Carlos Maqueda ostenta un rol especial en este debate porque además de ser constitucionalista tiene bajo su órbita la Secretaría de Derecho Laboral de la Corte. En esos despachos se ha escuchado la noción de que si bien debería controlarse el mecanismo de reclamo, los policías deberían tener una vía gremial para plantear sus demandas.

Sin conceptos de líneas liberales, que son distantes a la doctrina que dice que sería contraproducente que una fuerza de seguridad además de tener el monopolio de la fuerza también vea reforzada su posición con un sindicato. 

En el peronismo hay inquietud ante esta posibilidad. Funcionarios bonaerenses y líderes territoriales señalan la experiencia que tuvo José Mujica en Uruguay que hace tres años habilitó la sindicalización y a partir de ese entonces los policías y los militares se transformaron en un problema para su administración. Problema que todavía continua.

Obviamente, en el terreno de las centrales gremiales existe un interés notable en que los policías se sindicalicen y que en lo posible suscriban a una CGT que va camino a una reunificación. Así, incluso con otros elementos, lo había resumido noches atrás Antonio Caló en una cena en la cual participaba funcionario del cuarto piso.

De repente, el máximo tribunal es destino final de múltiples intrigas en el sindicalismo no sólo por los policías, sinoporque el 10 de septiembre, también en audiencia pública, la Corte va a discutir si solo los gremios con personería jurídica están habilitados a realizar medidas de fuerza.

En cuanto al debate de hoy, en la Corte recordaron en los últimos días el antecedente de que durante la administración de Carlos Menem el país suscribió al llamado Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ese convenio, al cual Menem accedió para amenizar su vínculo con los sindicatos, establecía una suerte de laissez faire gremial que generaba marcos legales para que proliferara la actividad sindical.

Por un fallo de los Tribunales de La Haya ese Convenio tiene jerarquía constitucional. Incluye preceptos y resoluciones transcriptos desde el Pacto de San José de Costa Rica que en el ordenamiento local está por encima de las leyes y los tratados.

Sin embargo, uno de los artículos más rutilantes dice que los Estados que lo suscriben no tienen la obligación de admitir el gremialismo en sus fuerzas de seguridad. A ese puntos se han aferrado todos los gobiernos, temerosos de crear una fuerza que luego sería incontrolable, especialmente porque la actividad sindical podría poner en jaque la cadena de mando que define la naturaleza de las fuerzas.

El contexto de cambio de administración que llegará en diciembre le da a esta resolución, que tiene pendiente la Corte, un status superior más aún cuando todos los candidatos a la presidencia hablan de generar un contexto afín a la llegada de inversiones. La seguridad no es un elemento menor en dichas especulaciones y lo que diga la Corte será trascendente.

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