Las exorbitantes facturas en concepto de servicios --algunas de ellas cuatro veces más costosas que las del año pasado-- que llegan a las clínicas privadas de nuestra ciudad no hacen más que agudizar la profunda crisis que este sector viene padeciendo en materia económico-financiera desde los últimos años.

   Desde la Asociación Médica de Bahía Blanca se ejemplificó con el valor de boletas de electricidad correspondientes a los hospitales Privado del Sur y “Dr. Felipe Glasman”, que rondaron los 475 mil y 200 mil pesos, respectivamente.

   “Es insostenible y a la vez recurrente, porque es un tema que ya se ha expuesto en varias ocasiones y que no pasa del interés periodístico. Nadie toma cartas en el asunto”, se quejó el doctor Carlos Deguer, titular de la asociación, para agregar que el factor adverso está relacionado con la escasa actualización de las obras sociales, que impide que haya un equilibrio entre ingresos y egresos.

   En ese sentido, la Federación de Clínicas y Hospitales  de Buenos Aires, distrito X (Fecliba), advirtió la falta de aranceles acordes a sus costos reales y acotó que a partir de 2018 “se agravó de tal manera que si no fuera por la ley de emergencia sanitaria, vigente hasta el 31 de diciembre, muchos establecimientos hubieran cerrado sus puertas”.

   En un comunicado, Fecliba sostuvo que la inflación minorista del año pasado fue del 47,6%, pero la de los gastos hospitalarios fue más cercana a la inflación mayorista, que fue del 73%, ello por la naturaleza de los insumos utilizados, medicamentos, aparatología, uso intensivo de los servicios públicos, luz, gas y agua las 24 horas los 365 días del año. 

   Este panorama –continúa el escrito-- fue potenciado por una devaluación del peso de más del 100% que se trasladó directamente a la aparatología e insumos importados.

   Agrega Fecliba que en 2018 el incremento ponderado de los aranceles hospitalarios no superó el 27%.

   “Este desfasaje de más del 40% hace que sea insostenible en el tiempo mantener la calidad de los servicios”, continúa.

   Los hospitales y clínicas privadas que integran la federación no son formadores de precios.

   “En ellos se atienden beneficiarios de las distintas obras sociales, sindicales, Pami, Ioma, medicina prepaga, etc. y los aumentos reconocidos por la mayoría de esos financiadores fueron inferiores no sólo al incremento general en el nivel de precios sino también al salarial de nuestros trabajadores, que representa aproximadamente un 60% del costo total de funcionamiento de un hospital”, amplía.

   En la actualidad, los establecimientos siguen con sus puertas abiertas a costa de un fuerte endeudamiento con proveedores y fisco a tasas exhorbitantes, amparados en la ley de emergencia sanitaria que necesariamente deberá prorrogarse.

   “Este último aspecto es fundamental para que, una vez superada esta situación con la mejora de los aranceles que puedan empezar a cancelas esos pasivos que se fueron acumulando”, expresa.      

   Según Fecliba, en caso de que los financiadores, verdaderos formadores del precio de los aranceles, no reconozcan los incrementos necesarios para mantener en funcionamiento a los hospitales y clínicas, y que el Estado acompañe con planes accesibles para la cancelación de los pasivos fiscales, seguramente se generará una crisis en la atención de la salud.

   “Porque el sector público no podrá hacer frente a una demanda de más del 50% de la población que hasta ahora se viene atendiendo en nuestros establecimientos privados”, concluye.