Todos pidieron un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) por diferentes razones y tuvieron diferentes resultados, según sus problemas particulares. Pero, ¿qué significa el ingreso a este proceso, y qué permite a empresas y trabajadores? Fundamentalmente, permite generar un convenio de crisis, entre otras cosas, para evitar despidos o suspensiones.

Según consultó LA NACION con el Ministerio de Producción y Trabajo, y con dos abogados laboralistas, el PPC funciona como una especie de "colchón" administrativo para evitar un ajuste en la plantilla laboral, generalmente de las grandes empresas. Las pymes, contaron, evitan ingresar a este tipo de procesos en los que deben negociar con sindicatos (más grandes que ellas) y apuntan a achicar su estructura a través de despidos por goteo.

El PPC es un proceso administrativo que debe presentarse en el Ministerio de Producción y Trabajo, y debe ser aceptado por esa cartera. Por lo tanto, requiere de la empresa que quiere hacer un ajuste la presentación de balances y otras documentaciones que acrediten la crisis económica o tecnológica de toda la compañía o de alguna de sus unidades de negocios.

Si el procedimiento es aceptado por la autoridad, comienzan las negociaciones entre la firma, el sindicato y los representantes oficiales de la cartera laboral, En la misma se abre un abanico de opciones para mejorar la situación estructural de la empresa (para la coyuntura hay Repros).

No cualquier empresa puede presentarse. Sólo aquellas que piensan despedir o suspender a un 15% de su dotación de 400 trabajadores; al 10% en aquellas entre 400 y 1000 empleados, o a 5% en más de 1000 trabajadores. "La idea es encontrar un espacio de negociación para evitar despidos masivos", afirmó el abogado laboralista Ricardo Foglia a este medio.

"La apertura de un PPC abre las posibilidades para hacer un convenio colectivo de crisis en el que se negocian condiciones laborales que sirvan para paliar la situación y evitar despidos. En ese sentido, pueden charlarse jornadas de trabajo, categorías, salarios, reducción de turnos, rotación, relocalización o vacaciones", contó Foglia, entre las fórmulas posibles.

Por caso, el año pasado el sindicato de Comercio y Carrefour llegaron a un acuerdo homologado por el entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Habilitaba retiros voluntarios y relocalización de trabajadores, Además, se rebajaban las contribuciones laborales sobre el aumento de 15% pactado para los empleados (una significativa baja del costo laboral).

El convenio de crisis en general es pactado por un tiempo determinado. Si no hay acuerdo en el PPC se cierra el expediente y se abre la posibilidad a la empresa de despedir. Allí el Gobierno puede dictar la conciliación obligatoria para abrir otra instancia de diálogo entre las partes.

Durante el período de negociación, que dura como mínimo veinte días hábiles, las empresas no pueden despedir ni suspender, y el sindicato debe mantener la paz social (no tomar medidas de protesta). En la actualidad, los despidos colectivos y las suspensiones se encuentran regulados por la Ley de Empleo -24.013- y los Decretos y resoluciones complementarios.

La aclaración se vuelve pertinente porque hoy la empresa Femsa Coca-Cola realizó un pedido de PPC para la Planta Alcorta ubicada en el barrio de Pompeya. "Dicho pedido se encuentra en análisis y el Ministerio de Producción y Trabajo comenzó a avanzar en el tema", indicaron las fuentes de la cartera laboral, que actualmente conduce Dante Sica.

"En el día de hoy se desarrolló una primera reunión donde los representantes de Femsa expusieron la situación de la empresa. Puntualmente, enmarcaron dificultades en el funcionamiento de atención en la bodega de la planta y en el turno de una de las líneas de producto. Por parte de los gremios participó Sutiaga, ya que los trabajadores involucrados se encuentran enmarcados bajo dicho convenio. El viernes se realizará un nuevo encuentro para analizar cuáles son las alternativas existentes y el camino a seguir", agregaron.