Los colegios dicen que el STJ presiona a favor de los abogados

Representantes de las entidades profesionales estuvieron ayer nuevamente en la Cámara de Diputados. Aseguran que desde el Poder Judicial están presionando fuertemente para que se apruebe su propio proyecto.
Doce colegios y consejos profesionales rechazaron el proyecto de ley sobre mediación impulsado por el Superior Tribunal de Justicia, y en principio avalado por el bloque de diputados del PJ, que prevé que sólo pueden ejercer esa tarea los abogados. El fundamento es que "las diversidades de los conflictos" conlleva a que la práctica debe tener un carácter multidisciplinario.

Ese grupo lo componen los colegios Médico, de Ingenieros Agrónomos, Psicólogos, Médico Veterinario, Martilleros y Corredores de Comercio y Escribanos, y los consejos de Ciencias Económicas, Profesores de Educación Física, Ingeniería y Arquitectura, Agrimensura y Asistentes Sociales y el Círculo Odontológico. Además podría sumarse el Colegio de Psicopedagogos.

Ayer, representantes de esas entidades concurrieron nuevamente a la Legislatura y, según contó la escribana Marcela Arrausi, les dijeron que "la decisión del bloque justicialista es respaldar el proyecto del STJ, sea por unanimidad o mayoría. Sin embargo, sabemos que no es tan así, porque hemos hablado con algunos diputados que tienen otra mirada".

"Lo que pretendemos es que se debata cuál es el concepto de mediación que busca implementarse en la provincia. Si será una política de Estado, como lo es en Córdoba, o si se trata simplemente de una cuestión de urgencia del Poder Judicial para aliviar a los tribunales -agregó-. Cuando los colegios y consejos profesionales presentamos nuestro proyecto en 2010, hubo un compromiso de la Legislatura para impulsarlo, pero ahora cambió la composición de la Cámara y ese compromiso desapareció. Hoy sabemos que existe una fuerte presión del Superior Tribunal para que salga su propio proyecto de ley".

El artículo 37 de esa iniciativa es el principal punto de conflicto con los colegios porque exige tener título de abogado para ser mediador. La pregunta de quienes se oponen es si un abogado es el profesional más idóneo para resolver, por ejemplos, problemas de convivencia, conflictos vecinales por una medianera o por el paso de humedad, o quejas por contaminación ambiental o sonora.

La mediación también sirve para resolver otras cuestiones cotidianas. ¿Cuáles? Accidentes de tránsito, contratos, incumplimientos de clientes y proveedores, daños y perjuicios, conflictos intra-organizaciones (empresas, escuelas, bancos, seguros, etc.), precios, rescisiones, mala praxis, obras sociales, tarjetas de crédito, telefonía celular... y la lista sigue.

Los dos proyectos en danza están debatiéndose en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el justicialista y abogado Mariano Fernández. Un detalle: la propuesta oficial prevé la mediación prejudicial obligatoria, o sea que antes del inicio de un juicio -fundamentalmente en el fuero civil-, las partes deben sentarse para intentar resolver las diferencias.

Si bien Arrausi consideró que "lo ideal es que la mediación sea siempre voluntaria, como aún no tenemos cultura de ella, en algunos casos, no en todos, planteamos que tiene que ser obligatoria". En la propuesta de los colegios quedan expresamente excluidos los procesos penales por delitos de acción pública, las acciones de divorcio vincular o separación personal por presentación conjunta, las cuestiones de filiación, patria potestad y adopción, los amparos, hábeas corpus y hábeas data, los concursos y quiebras, las medidas cautelares, los juicios sucesorios y los casos de violencia doméstica.

Detalles.

"La diversidad de conflictos se origina por la amplia gama de temas y ámbitos en que se desarrollan las relaciones humanas. En razón de este aspecto multifacético es que el proyecto se presenta con carácter multidisciplinario, considerando que de esta forma se abarca la totalidad de la problemática a resolver por el ser humano, eje del proyecto", indica el proyecto en sus fundamentos. Y añade: "Las características más relevantes del proceso de mediación son la rapidez, la seguridad y la diversidad de materias que se pueden resolver. Es una herramienta que permite un alivio a los tribunales, dando respuestas a todos los conflictos, aún a aquellos que por sus características no llegarían a sede judicial y, por ende, quedarían sin resolución".

La propuesta de escribanos, médicos, odontólogos, ingenieros y agrónomos prevé que el procedimiento sea confidencial y judicial (en cualquier momento del proceso) o extrajudicial. En caso de acuerdo, se labra un acta y sino queda abierta la vía judicial. El plazo de la mediación sería de 60 días hábiles a partir de la primera audiencia, prorrogable a petición de las partes.

También incluye la mediación privada -a través de los colegios, algo que hoy existe, o de estudios profesionales-, habla de la creación de un Centro de Mediación Público dependiente de la Subsecretaría de Política Social, del Ministerio de Bienestar Social, y prevé, como ocurre en la justicia ordinaria, el beneficio de litigar sin gastos. Los honorarios de los mediadores estarán fijados en un reglamento. "Siempre será más barato que ir a la justicia. Hoy una mediación sencilla puede estar costando 250 pesos", concluyó Arrausi.

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